El juez pide a las partes que le digan qué hacer con el caso de ayuda a domicilio en Ourense
OURENSE CIUDAD
El instructor estima que están practicadas todas las diligencias necesarias sobre un asunto del 2012
24 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Diez días es el plazo que el juez ha dado al ministerio fiscal y a las partes implicadas en el caso de ayuda a domicilio de Ourense, por la gestión de los años 2007 a 2011, «para oírles sobre la continuación del procedimiento. Iniciado el caso en el año 2012 por denuncia de Democracia Ourensana, el actual titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense considera que ya están «practicadas todas las diligencias que se consideran necesarias», por lo que abre una fase definitiva para determinar el rumbo de la causa.
Queda por resolver, en cualquier caso, un recurso de apelación presentado por la única trabajadora municipal que sigue como investigada para reclamar que se la excluya del conflicto.
Como investigados, junto con una empleada del Concello de Ourense, figuran el exalcalde Francisco Rodríguez, que declaró el pasado mes de febrero a instancia de la fiscalía; la exconcejala de servicios sociales Marga Martín y los dos exsocios de la firma Troncoso Saludges, que se encargaba de la gestión de este servicio municipal, que en la época de la denuncia era una de las prestaciones estrella que ofrecía la administración local.
La investigación judicial sobre la gestión de la ayuda a domicilio entre 2007 y 2011 se centró inicialmente en las facturas de regularización, con las que, según se dijo en su momento, trataban el gobierno local y la adjudicataria de agotar el presupuesto asignado en alguna de las anualidades. Entre los asuntos que fueron objeto de controversia aparece, asimismo, la forma en que se incluyeron los gastos de desplazamiento de las trabajadoras hasta el domicilio de los usuarios. Otro aspecto que fue analizado durante la instrucción, sin prejuicio de que llegue a tener o no consecuencias penales, es el del paquete de servicios que se prestaron en ese período, pues, de acuerdo con la oferta de la empresa, no todos llegaron a ser ofertados a los beneficiarios.
Por lo que se refiere a la citación al exalcalde, que fue la última, la fiscalía pretendía saber por qué se mantuvo el servicio en precario durante el año 2011 pese a que el 30 de diciembre del 2010 se había liquidado el contrato. Francisco Rodríguez explicó que los trámites para formalizar una nueva adjudicación llevan su tiempo y no era posible dejar sin atención a los usuarios de este servicio municipal.
Rodríguez, tras declarar como investigado el pasado 22 de febrero, recordó que el conflicto había arrancado por el «choque» entre los dos exsocios.