Denuncian manipulación de pruebas para perjudicar a policías investigados

La Audiencia dirá si debe hacer la Guardia Civil un análisis pericial independiente


ourense / la voz

Sin que se hayan cerrado desde el 2014 las investigaciones judiciales sobre presuntas irregularidades en la comisaría de policía de Ourense, que dieron lugar en noviembre del 2015 a la desarticulación del grupo de estupefacientes a partir de una actuación de la unidad de asuntos internos, no dejan de aparecer borrones para enturbiar y mantener un conjunto en el que se mezclan calumnias en anónimos, y la desaparición de varias armas con la muerte de un agente en las propias dependencias oficiales de As Lagoas. Que uno de los investigados, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, haya pedido a la Audiencia que solicite una actuación independiente de la Guardia Civil para revisar pruebas, es lo último en uno de los frentes que sigue abierto.

El juez que instruye la causa de drogas -en la permanecen varios policías como investigados- no atendió la inusual petición, pero el asunto se encuentra pendiente de valoración por la Audiencia. Será este órgano el que dictamine sobre la relevancia de la llamativa desaparición de 38 días de grabación de las conversaciones intervenidas en el teléfono del inspector que era jefe del grupo de drogas de la comisaría de policía de Ourense. Su número estuvo pinchado, por sus compañeros de Asuntos Internos, desde el mes de abril del 2015 hasta que se materializó la detención en noviembre, pero, sorprendentemente, en los deuvedés remitidos al juzgado de instrucción con la «copia integra» de las conversaciones, faltan 38 días, entre el 17 de mayo y el 25 de junio. Esa ausencia, sumada al hecho de que en el mismo soporte se haya añadido una carpeta con mensajes telefónicos ajenos, al corresponder a dos de los presuntos traficantes, apunta a la manipulación interesada, en opinión de las defensas.

Según resalta el inspector en el recurso presentado ante la Audiencia, no es técnicamente posible hablar de un error en la aplicación informática, puesto que, según sus propia experiencia, está preparada para volcar datos de forma separada, sin posibilidad de mezcla entre voz de un teléfono y mensajes de otro. Salvo que se haga, según dice, de forma «voluntaria y totalmente intencionada». El hecho de que haya desaparecido las grabaciones de esos 38 días, sin que se corresponda a un salto de un disco a otro, ni sea al principio, o tenga una explicación mecánica razonable, lleva al afectado a sospechar que alguna conversación probaría de forma inequívoca que la supuesta permisividad policial hacia una banda dedicada al narcotráfico no era tal.

Al acudir a la Audiencia Provincial, en el recurso se reprocha al instructor que haya admitido como «posible y asumible que haya errores al indicar una hora, una fecha, un número de teléfono, o incluso que por problemas informáticos no se permita acceder a alguna de las llamadas intervenidas y grabadas».

En el mismo escrito a la Audiencia de petición de nulidad y archivo, después de que el juez rechazara la intervención de la Guardia Civil, el defensor del inspector de policía investigado insiste en reclamar un informe pericial de los servicios técnicos del instituto armado. Quiere que valoren, tras examinar las grabaciones, si se ajusta la actuación a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de obligado cumplimiento en todo proceso con interceptación de comunicaciones telefónicas. El juez, sea como fuere, no ha considerado hasta ahora dejar fuera del caso a los policías.

Complejidad y ampliación del plazo de instrucción

Son varios frentes los que mantienen en la picota a la comisaría de Ourense desde hace tres años. Las presuntas calumnias incluidas en anónimos, la desaparición de armas, la investigación sobre el grupo de drogas que condujo a la retirada del servicio desde noviembre del 2015, sumada a la muerte -supuesto suicidio, aunque el caso sigue secreto- de un agente en la comisaría, componen un cuadro difícil. La fiscalía lo ve complejo. Y ha pedido que se amplíe la instrucción.

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