Un dominicano fracasa cuatro veces en la regularización fraudulenta de papeles
OURENSE CIUDAD
En Ourense hubo más de cien expulsiones de inmigrantes desde el año 2013
28 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Empeño no le ha faltado al dominicano José Manuel M. B. en su afán de regularizar su situación administrativa en España y poner fin a su situación irregular. Hasta cuatro veces lo intentó en el año 2016. Sin éxito. No contaba, probablemente, con el celo profesional de la brigada de extranjería de la comisaría de policía de Ourense. Ahora se enfrenta al último paso, que es la expulsión del territorio español. En el caso concreto de este dominicano de 36 años, la policía se encargará de acompañarlo en avión hasta su país, con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de la orden de la Subdelegación del Gobierno. Atrás deja a una ourensana de 32 años, que había iniciado los trámites para inscribirse como pareja de hecho, con un procedimiento penal abierto por un delito de falsedad documental.
Durante el tiempo que lleva en Ourense, los desencuentros entre José Manuel y la policía han sido constantes. Ha sido relacionado con robos, con lesiones, con drogas, con acoso y hasta con la posesión de objetos robados, es decir, las fuerzas de seguridad lo han señalado también como presunto autor de un delito de receptación. Entre la estancia irregular y sus antecedentes policiales y judiciales, como ayer resaltaban fuentes de la comisaría, esa realidad «pone de manifiesto que no se adapta a las normas de convivencia establecidas por la sociedad, careciendo de todo tipo de arraigo, ya sea de tipo social, laboral o familiar».
El último paso
El traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) es el último paso para su expulsión efectiva, que ahora hace la policía de una manera forzosa, al no haberla atendido el interesado por su propia voluntad desde que la Subdelegación del Gobierno se la notificó el pasado mes de diciembre.
Este ciudadano dominicano nacido en Santo Domingo hace 37 años, caso en su país antes de llegar a España, intentó varias vías para regularizar su situación administrativa. La primera, contando con otra mujer dominicana y nacionalizada española, intentó hacerlo por la vía del registro como pareja de hecho. Se descubrió que ya estaba casado, por lo que fracasó esa vía.
La segunda intentona, cuando ya se le había denegado la renovación del permiso de trabajo por cuenta propia y residencia, «simuló una actividad relativa a la venta ambulante de gorras», según las conclusiones a las que llegó la investigación policial. Tampoco prosperó. Ya lo conocían en la brigada de extranjería, por lo que su nombre no pasó desapercibido. Segundo rechazo.
La tercera, sabiendo que la policía tenía conocimiento de su condición de casado en la República Dominicana, intentó inscribirse en el registro de parejas de hecho de la Xunta aportando un acta de divorcio obtenida en su país de manera ilícita. La última, el 28 de noviembre, fue la definitiva. En la administración autonómica sorprendió la insistencia de la misma persona. Ha sido la definitiva.
La policía confirmó la situación y el intento de fraude, con lo que se pasó a la orden de expulsión por un período de tres años, que, después de unos meses de cortesía, se ha llevado a efecto de una manera forzosa. De Ourense al CIE y de Madrid al aeropuerto de Santo Domingo.
En Ourense hubo más de cien expulsiones desde el 2013
Las órdenes de expulsión que dicta la Subdelegación del Gobierno no siempre son atendidas de forma voluntaria por los implicados. Interviene entonces la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ourense, que asume el traslado hasta los CIE. Los extranjeros que se ven inmersos en esos procedimientos son custodiados hasta su país de origen por efectivos policiales, que se ven obligados a sortear todo tipo de reacciones, en muchos casos violentas, fuera y dentro de los propios aviones de traslado. No suelen los traslados intervenciones especialmente cómodas.
En Ourense se han ejecutado 105 expulsiones desde el año 2013, según informó ayer la comisaría de policía de Ourense. Entre los países de origen de las personas a quienes se obliga a abandonar el país es muy significativa la cuota de ciudadanos dominicanos. De hecho, una veintena de esas personas privadas de residencia proceden de la isla.
Medios policiales enfatizan que las resoluciones que conducen a la expulsión efectiva del país responden no solo a la estancia irregular, es decir, sin documentación en regla, sino a que los protagonistas de estas actuaciones tienen causas policiales abiertas o procedimientos judiciales ya sean pendientes o con condenas firmes.
Dieciséis de los veinte expulsados tienen antecedentes policiales o judiciales, de acuerdo con la misma fuente.
La medida de expulsión es una acción sancionadora de ejecución inmediata desde el momento en que se dicta, contando, dicen medios oficiales, con el amparo tanto de los juzgados de instrucción como de los del ámbito contencioso-administrativo, que es donde se pueden presentar los recursos contra las resoluciones formales que adopta la Subdelegación del Gobierno.
La última mujer en presentarse como pareja, denunciada por falsedad
El dominicano implicado en esta sucesión de irregularidades, que han conducido a una orden de expulsión por un período de tres años, ya no será juzgado en Ourense por ello. La presunta infracción de la ley de extranjería, la falsedad documental e incluso un delito de bigamia en grado de tentativa, ya no tendrá reproche penal en España. Los tres años de expulsión constituyen un castigo suficiente. Distinto es el caso de A. G. C., la ourensana de 32 años que se iba a inscribir como pareja de hecho y ahora se enfrenta a una denuncia -y previsible acusación- por un delito de falsedad documental. En medios policiales se estima que este tipo de «colaboración», aunque en ocasiones pueden hacerse de buena fe, se hacen a cambio de dinero, aunque no siempre se demuestra.