El juzgado ve «grosero» dar ahora licencia al ambulatorio de O Couto

El pulso abierto que mantienen el Concello de Ourense y la Xunta por la licencia de ocupación del centro de salud de O Couto y que ha pasado de la vía política a la judicial se salda, de momento, a favor de la administración local. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Ourense dictó un auto a finales de diciembre, del que ayer se dio cuenta en la junta de gobierno local, en el que rechaza las pretensiones del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para que adoptase medidas cautelares que permitiesen la apertura del ambulatorio y anulase la denegación de licencia aprobada en junta de gobierno.

El juez José Andrés Verdeja argumenta, en una pieza separada, que este no es el momento oportuno para que el centro abra sus puertas. La Consellería de Sanidade alegaba en su escrito de denuncia un supuesto interés público, que el magistrado cuestiona en su fallo: «Resulta muy complicado, por no decir imposible, hablar de un interés público preponderante cuando se están enfrentando dos administraciones públicas -en referencia al Concello de Ourense y a la Xunta- , y tanto interés hay en que se abra un centro de salud, como en que dicha apertura se haga con las debidas garantías de seguridad».

Desde su punto de vista, el argumento de que la apertura mejoraría la calidad y proximidad de la asistencia médica para los vecinos no es suficiente: «No quedan desamparados y sin atención sanitaria, sino que seguirán siendo atendidos como hasta el momento, por lo que, a lo sumo, podrá hablarse de meras incomodidades para los usuarios que tendrán que seguir asumiendo un desplazamiento mayor».

Doble argumentación

Para la Justicia, los dos argumentos que pone sobre la mesa el gobierno popular de Ourense para denegar el permiso son de peso. El primero de ellos tiene que ver con un informe negativo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y que pone de relieve, según asegura el juez, la existencia de graves incidencias que afectarán a la actuación de este servicio en caso de incendio. «A fecha de hoy sería una imprudencia el conceder una autorización de uso para un edificio que cuenta con un informe negativo de tanta importancia», explica el magistrado.

La segunda traba que se puso desde la Concellería de Urbanismo para frenar la apertura del ambulatorio de O Couto tiene que ver con la necesidad de la construcción de los accesos a la infraestructura sanitaria. Esta actuación tenía que ser asumida por la administración local y todavía se encuentra en fase de tramitación. «Es evidente que no se ha completado la urbanización de los terrenos, ya que es algo apreciable a simple vista y sería hasta grosero que se concediese una licencia de ocupación en tal supuesto», señala el titular del contencioso administrativo número 2 de Ourense.

De acuerdo con las tesis de la sentencia de la que ayer tuvo conocimiento el gobierno de Ourense, la concesión de las medidas cautelares que plantea el Servizo Galego de Saúde podría ser contraproducente en un futuro, ya que ante cualquier potencial recurso podría darse la «desagradable situación de tener que ordenar la paralización de la actividad y el desalojo del edificio, como recientemente hemos tenido que ver en esta misma ciudad con el campus de la Universidad -en referencia al precinto de su residencia-».

El Sergas apunta a la pérdida de 1,7 millones en ayudas europeas si sigue cerrado en marzo

Más allá del interés ciudadano de los vecinos del barrio de O Couto porque abra el tantos años demandado centro de salud y del tirón mediático de un enfrentamiento judicial entre dos administraciones del mismo color político, en el conflicto abierto por el ambulatorio de Os Remedios también hay en juego una importante partida económica. Entre las argumentaciones que presentó la Xunta ante la Justicia se incluye el hecho de que los fondos europeos concedidos (1,7 millones de euros) para la construcción de la infraestructura sanitaria están en peligro si no se abre al público antes de marzo de este año. Sin embargo, este extremo no es suficiente para el juez de cara a conceder la medida cautelar contra la resolución adoptada por el Concello de Ourense en la que se denegaba la licencia. «En caso de sentencia estimatoria la administración recurrente podrá solicitar la indemnización correspondiente al Concello, como consecuencia del retraso injustificado en la concesión de la licencia», asegura el juez.

Es recurrible

La decisión del juzgado ourensano de denegar la adopción de las medidas cautelares no supone que se detenga el procedimiento abierto por el Sergas, ya que se trata de una pieza separada de la demanda para estudiar la idoneidad de la petición de licencia. Además, contra el fallo que frena una vez más la apertura del centro de salud de O Couto cabe interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Al conflicto todavía le quedan, por tanto, capítulos por escribir.

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