Áurea Soto insiste en pedir el procesamiento del juez decano de Ourense, que inicialmente rechazó el TSXG

La ex concejala socialista Áurea Soto no renuncia a pedir el procesamiento del juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, a quien considera autor de un delito de prevaricación judicial por haber dictado las resoluciones que en su día acabaron con su carrera política. El primer pronunciamiento, dictado por el magistrado de la sala de lo civil y penal del TSXG a quien correspondió el asunto, concluyó en una resolución dictada el pasado lunes, en la que denegó el procesamiento. La ex concejala ha presentado ya un recurso contra esa decisión, con el fin de que el titular del Juzgado de Instrucción 1 y de decano de Ourense sea procesado.

El recurso, registrado este miércoles, no solo insiste en la posición definida en la querella inicial contra el juez, sino que desautoriza las reflexiones del magistrado del TSXG que denegó el procesamiento. De hecho, en el escrito -que suscribe el letrado coruñés José Luis Gutiérrez Aranguren? se incluyen lo que dice aclaraciones sobre cuestiones en las que «esa instrucción incurre en patente error, quizás derivado de la circunstancia de que quien lo dictó no es especialista en derecho administrativo, que precisamente por ello convirtió en penal algo que a todas luces no lo era».

El abogado de Áurea Soto, que lo es también de Carlos Hernández, el letrado que hizo el informe que amparó la polémica legalización de la plaza de San Antonio, insiste en la defensa de la actuación municipal en el año 2007 y llama la atención, para criticar el proceder de Leonardo Álvarez, en el hecho de que acusara a Soto y Hernández, mientras dejaba fuera a otros funcionarios municipales con participación en el expediente.

Creen los querellantes que este asunto trasciende del debate jurídico-administrativo sobre los efectos de las sentencias del orden contencioso-administrativo y la naturaleza de las licencias urbanísticas. Que siga esa línea el querellado es legítimo, dicen, para criticar inmediatamente al ministerio fiscal por sumarse a esa tesis exculpatoria, con una actuación que «ya quisieran para sí tantos desgraciados que sufren a diario la temible y lacerante pena de banquillo».

Aluden Soto y Hernández en su recurso al instructor del TSXG, en el sentido de que «aceptó deslizarse por los extravagantes derroteros por los que lo quiso llevar» el querellado, Leonardo Álvarez. Ven, además, «artificiosidad» en los razonamientos para exculpar al decano de Ourense.

Rechazan, por otra parte, que tenga el valor determinante que el TSXG concede al hecho de que no hubieran recurrido anteriores actuaciones. «Hasta donde sabemos, el no ejercicio de un derecho no hace que el delito desaparezca. Sería muy interesante que la sociedad y la doctrina autorizada conocieran esta novedosa y revolucionaria línea jurisprudencial de la que se sigue que la falta de denuncia de un robo hace inexistente el propio delito de robo, o que el hecho de no recurrir una decisión administrativa imposibilite la existencia de la prevaricación», según dice el recurso de reforma contra el auto dictado por el magistrado José Antonio Ballestero.

El caso de la licencia de plaza de san Antonio, denunciado por Democracia Ourensana y continuado por el entorno del empresario Bautista Rodríguez, costó la carrera política a Soto, que dimitió cuando el instructor dictó auto de apertura de juicio oral. Fue absuelta por sentencia del juzgado de lo penal, que luego confirmó la Audiencia Provincial.

Critica la posición del fiscal, «que ya quisieran para sí tantos desgraciados» que sufren el banquillo

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