El jueves 4 de agosto el Consello de la Xunta daba luz verde a una inversión de 1,6 millones de euros para convertir la antigua iglesia de San Francisco en un museo. Era el primer paso administrativo para recuperar un proyecto en el que había trabajado el anterior gobierno socialista. El 19 de agosto era la junta de gobierno de Ourense la que daba su visto bueno a este convenio a dos bandas, por lo que ya quedaba listo para su firma. Esta llega justo un mes después de ese último paso burocrático. «Tiñamos que encaixalo e protocolizalo», justificó el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijoo, consciente de que la coincidencia de este «acto administrativo» con la recta final de la campaña electoral de las autonómicas iba a levantar ampollas.
No se equivocaba. Según desveló el propio regidor popular, Jesús Vázquez, ninguno de los concejales del resto de grupos de la oposición había acudido a la firma protocolaria pese a estar invitados formalmente. En la foto detrás de Jesús Vázquez, Alberto Núñez Feijoo y el conselleiro Román Rodríguez había, por tanto, pleno de populares con los otros ocho concejales del grupo de gobierno y la delegada de la Xunta, Silvia Dorado.
Las críticas no tardaron en llegar. Fueron los socialistas quienes primero mostraron su malestar ante lo que consideran un acto «electoralista». Reivindican que se trata de un proyecto que ya viene del anterior ejecutivo socialista y que fue «bloqueado e demorado» en los últimos años por Mariano Rajoy. «Unha vez máis, o alcalde ante a ausencia de proxectos propios segue a vivir dos antigos gobernos socialistas, tanto no propio Concello como en Madrid, para seguir a facerse a foto e vender fume». Es por ello que le pide que deje de hacerse «selfies» electorales.
Gonzalo Jácome, portavoz de Democracia Ourensana, mostró un discurso similar y aseguró que nadie del principal partido de la oposición acudió al acto al entender que tenían «mucha jeta».
Ourense en Común también censuró el «uso partidista» del salón de plenos del Concello de Ourense y llamó la atención sobre el hecho de que se repite lo sucedido con la firma del convenio de la alta velocidad en las últimas generales.
Denuncia en la junta electoral
En Marea anunció, por su parte, la presentación de una denuncia ante la Xunta Electoral de Ourense por la firma de este convenio. El partido instrumental entiende que se vulnera el artículo 50.2 de la ley electoral al tratarse de un acto político con intencionalidad electoral: «Este tipo de abusos explican, unha vez máis, que o Partido Popular non confía na maioría da que alardea e recorre a prácticas que a lei electoral considera ilegais».