Seis cargos del bipartito local PSOE-BNG serán juzgados por contratos laborales sin concurso

La Voz OURENSE

OURENSE CIUDAD

El juez dicta auto de apertura de juicio oral con peticiones de diez años de inhabilitación para cada acusado

28 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Al caso de las asistencias técnicas, esto es, las contrataciones sin concurso de personal destinado al área de urbanismo y rehabilitación del Concello de Ourense, ya solo le queda que en el Juzgado de lo Penal señalen la fecha concreta para la vista. El juez ha cerrado la instrucción y dictado el auto de apertura de juicio oral, en el que ha quedado definitivamente apartado un funcionario municipal que había prestado declaración como imputado, José Manuel Oliver. La Audiencia lo dejó fuera.

Este asunto, que arrancó con una denuncia de la sección sindical de la CIG en el Concello y fue apoyada por USO, dará lugar a que compartan banquillo como acusados cinco ex concejales y un ex director general del gobierno bipartito de Ourense PSOE-BNG, que dirigió el Concello entre los años 2007 y 2012. Se había roto el pacto de forma anticipada a raíz de la crisis abierta por la operación Pokémon.

En un momento en el que el grupo municipal socialista estaba abiertamente dividido, los sindicalistas presentaron una denuncia en la que se apuntaba directamente hacia el llamado sector paquista del PSOE local.

Ni Dacosta ni Fernández

La instrucción del caso, sin embargo, volteó aquella posición y dejó fuera tanto al ex alcalde Agustín Fernández como a la ex responsable de personal, Carmen Dacosta. Limitaba el juez las presuntas responsabilidades penales a Áurea Soto y a Francisco Rodríguez, que ya había dejado la alcaldía al ser denunciado.

El avance de la investigación del caso se extendió a cuatro cargos del BNG: Fernando Varela, Iolanda Pérez Docampo, Xosé Somoza y Xosé Carballido, al atender el juez la petición que en tal sentido planteó la fiscalía. Aunque sus responsabilidades en el área de rehabilitación se habían limitado a pocos meses en buena parte de los casos, haber firmado algún pago de las facturas de servicios ha sido suficiente para verse acusados.

Prevaricación continuada

En el auto de apertura de juicio oral apunta el instructor la existencia de seis delitos continuados de prevaricación.

La fiscalía pide cada uno de los acusados penas de diez años de inhabilitación especial para cargo electo y empleo público, incluyendo de manera expresa el de empresas participadas por alguna administración y los cargos discrecionales de naturaleza pública que sustente en la mera decisión de un cargo político electo o funcionario público de cualquiera de las administraciones.

El instructor del caso, Leonardo Álvarez, ya explicó en una de sus resoluciones sobre este asunto que bajo la fórmula de las asistencias técnicas «se disfrazaba una relación laboral ordinaria». Los contratados a quienes en teoría se encargaban proyectos y se pagaba en función de sus obras, cobraban en realidad un sueldo mensual al pasar facturas por las mismas cantidades, aclaraba.

La fórmula de las asistencias técnicas se llevaba empleando en el Concello de Ourense desde antes de que se formara el gobierno bipartito local. El interventor municipal presentó reiterados reparos, alertando de que esos pagos mensuales podían acabar afianzando derechos laborales. De hecho, en la jurisdicción de lo social, los beneficiados de la prórroga de estos contratos han visto reconocidos esos derechos y están en plantilla como trabajadores laborales fijos.

Entre los implicados en este asunto existe un apreciable desconcierto, por cuanto, según afirman, han tenido noticia del auto de apertura de juicio oral, sin haber recibido previamente los escritos de acusación ni tener ocasión de presentar los correspondientes de defensa.

Entre la absolución de Áurea Soto y la querella contra el instructor de la causa

El auto de apertura de juicio oral por el caso de las asistencias técnicas llega en un momento en el que la ex concejala de urbanismo, la socialista Áurea Soto, se ha situado en el centro de los conflictos penales arrastrados de la gestión municipal del bipartito PSOE-BNG. Recién confirmada su absolución en el asunto de la plaza de San Antonio, el primero que la llevó al banquillo, se encuentra a la espera de que avancen otros en los que también aparece como imputada, como el que corresponde a la licencia de la residencia universitaria. Ejerciendo ella la acusación, su querella contra el juez decano está pendiente de que decida el Tribunal Superior de Galicia si la admite a trámite. Siguen su curso, mientras, los casos de las cesiones perdonadas a promotores y los altavoces de Jolper.