Un sindicato exige que se solucionen las deficiencias y advierte que el Concello puede ser sancionado con 300.000 euros
30 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.En Ourense se está produciendo «un incumplimiento generalizado de la legalidad vigente por parte del ayuntamiento», en relación con la normativa sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas por las plazas de aparcamiento para discapacitados. Lo dice un sindicato profesional de la Policía Local, cuyos responsables se lo han advertido por escrito al alcalde, con la advertencia expresa de que, si no ven respuestas, tomarán otras medidas y denunciarán la situación. Dejan claro que la sanción por los incumplimientos que perciben pueden llegar a 300.000 euros.
Exponen los delegados del SPPME (Sindicato Profesional de Policías Municipales de España) que el incumplimiento de las medidas de las plazas para personas discapacitadas, es generalizado.
Fueron las periódicas reclamaciones de personas afectadas, haciendo notar que en otras ciudades tenían más posibilidades para moverse sin necesidad de ocupar en ocasiones la calzada con el consiguiente riesgo personal, lo que suscitó esta actuación. Por iniciativa propia de los policías. La mayoría están mal, concluyen tras una «revisión exhaustiva».
La «desatención de las obligaciones legales de este ente local ha expuesto durante años a peligros innecesarios a sus conciudadanos, lo que denota una cierta desatención y falta de sensibilidad hacia estos colectivos», afirman en el escrito los representantes sindicales.
Imagen de dejadez
Esa forma de actuar hace, según recalcan, «que se perciba una imagen de dejadez, todo lo contrario que cabe esperar por parte de la administración, que debe aunar esfuerzos para garantizar y preservar el derecho de sus ciudadanos».
Solicitan desde esta organización que se proceda a la adecuación de las plazas de estacionamiento destinadas a personas con discapacidad que se hallen en el municipio que no cumplan con la normativa vigente» y que, al mismo tiempo, se les informe de las eventuales actuaciones.
Advierten, en cualquier caso, que si no observan «voluntad e implementación de medidas correctoras» por parte del Concello, «se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes para que tomen las medidas oportunas que mejor procedan en derecho». Expresamente hacen referencia a la posibilidad de incurrir en delitos de prevaricación por omisión «cuando es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación», como dice el Tribunal Supremo en una sentencia que citan en el escrito.