Áurea Soto estrenará el banquillo en calidad de acusada el 19 de noviembre
30 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Dos fechas y muchas incógnitas trae el nuevo curso político judicial en aquellos asuntos de tipo penal que tienen como fondo la gestión del Concello de Ourense. El rumbo de varios de esos casos depende en la práctica de las decisiones de los jueces de instrucción. Dos de ellos, recién incorporados a sus destinos, se han encontrado con diligencias muy avanzadas, que les exigirán el esfuerzo añadido de la vuelta atrás y la revisión minuciosa.
A la exconcejala socialista de Urbanismo, Áurea Soto, la colocaron en el centro de la tormenta con la sucesión de denuncias y querellas que la tenían como destinataria. Sobre ella pivota buena parte del entramado judicial que salpica de un modo muy distinto a concejales, exconcejales, exdirectores generales, funcionarios o ex empleados del Concello de Ourense. Después de una larga temporada de declaraciones, denuncias, imputaciones y utilización política de los mecanismos de la justicia, le corresponderá estrenar el banquillo, con una acusación fiscal de diez años de inhabilitación por supuesta prevaricación en el caso de la plaza de San Antonio.
Antes, el día 16 de septiembre, prestarán declaración como testigos tres funcionarios municipales en relación con otro asunto, el de las cesiones urbanísticas, denunciado por Soto, para exigir responsabilidades a los políticos del PP que durante años permitieron que se dejara de cobrar a los constructores el 10% de cesiones obligatorias al Concello en las distintas promociones urbanísticas. Un dineral, dijo siempre Soto, quien, sin embargo, mantuvo el reproche en el ámbito estrictamente político y solo acudió al juzgado a denunciarlo, a modo de contraataque, frente a la sucesión de querellas y denuncias que había recibido.
En el asunto del 10 %, aunque el objetivo eran los gobiernos del PP anteriores al 2007 y señaladamente el exalcalde Manuel Cabezas, la relación de imputados se limita al exconcejal Ricardo Campo Labrador, hoy alejado de la vida política. Tras las declaraciones de los técnicos, según ha anticipado el juez en un escrito, «se acordará lo procedente sobre las declaraciones en calidad de imputados solicitadas» por la querellante: Manuel Cabezas y Enrique Poly Nóvoa, entre otros.
A falta del testimonio del exsecretario Mariano Rodríguez, que aun no ha declarado por su delicado estado de salud, la impresión de los tres técnicos municipales adquiere notable relevancia en ese primer caso para septiembre. En un informe incorporados a la causa, correspondiente al proyecto de compensación de subpolígono 10-B del SU-32 en 1997, la ex oficial mayor decía que el aprovechamiento para el promotor debería ser del 85 %, como entonces fijaba la legislación gallega, aunque posteriormente, en el año 1998, otra norma de ámbito estatal redujo al 10 % la parte que le correspondía a los ayuntamientos.
El exconcejal Ricardo Campo, único que ha declarado en calidad de imputado, ha amparado su proceder y el de la junta de gobierno en un informe del ex secretario municipal, que, a su vez, se acogió a un acuerdo tomado años antes en el sentido de conceder a los empresarios todo el aprovechamiento con la supuesta finalidad de incentivar el sector de la construcción.
El juez citó a tres técnicos antes decidir si llama a Cabezas en una de las causas
Buena parte de los asuntos, pendientes de la decisión final de los instructores