Acallar. A pesar de las protestas -que tampoco fueron tantas a pesar del recorte de derechos ciudadanos que implicaba- la denominada ley mordaza o ley de seguridad ciudadana se aprobó. Y ya la tenemos vigente. La autoridad policial ha sido investida de más autoridad todavía. Ni les mires, ni les hables ni les fotografíes. Si no, multa al canto. No voy a justificar el comportamiento de la ciudadana que supuestamente increpó a unos guardias municipales del Concello de Ourense durante un control en la avenida de la Habana. Ni menos que hiciera, también supuestamente, alarde de ser madre de un concejal para hacerse la importante. Todo ello, según la versión de la autoridad. Que es la que importa, para qué nos vamos a engañar. Tanto con esta ley como con la anterior. La palabra de un funcionario, policial o lo que sea, vale más ante un juez o ante la administración que la del ciudadano. Pero antes al menos, por la vía judicial, se aparentaba que se dilucidaba en una sede neutral un conflicto, con carácter de falta o delito, entre dos partes. Ahora, al ciudadano siempre le quedará el recurso. Aunque con el «caramelo» de la bonificación por pronto pago, el ciudadano quizás piense que ahorrará, sino dinero al menos tiempo, pagando y sin recurrir. Es claro que hay que respetar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando están desarrollando sus funciones. Pero también lo es para mi, que en este país, cada vez se trata más a los ciudadanos como menores de edad, sin capacidad de decisión ni de expresión.