El ministerio público recurre el archivo para la mayoría de los nacionalistas y solo acepta el sobreseimiento para el alcalde, Carmen Dacosta y Herminio Iglesias
04 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Al caso de las asistencias técnicas, iniciado por una denuncia de la sección sindical de la CIG en el Concello de Ourense con el apoyo de USO, aún le queda recorrido. Es otro asunto más en el que una serie de contrataciones acaban con políticos acusados de prevaricación. Al ministerio público no le es suficiente con que ocupen el banquillo de los acusados el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez y la exconcejala de Urbanismo, Áurea Soto. El fiscal quiere situar en la misma condición a los exconcejales y exdirectores generales de rehabilitación, que es un departamento que gestionaban los nacionalistas durante los años de gobierno del bipartito PSOE-BNG. Lo pide en el recurso contra el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado.
La fiscal encargada del caso ha llegado a la conclusión de que los exresponsables del área de infraestructuras, rehabilitación y vivienda, tienen similar responsabilidad a la de la exconcejala de Urbanismo, en la medida en que los contratos excedían de la responsabilidad formal y política de la edila socialista, por afectas a servicios diferentes. Al margen de que, en última instancia, es al alcalde a quien corresponde levantar los reparo del interventor contra los pagos.
Al presentar el fiscal recurso contra el auto que el pasado 22 de enero dictó el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, se aplaza el momento del escrito de acusación. A la luz de esta petición cabe fácilmente prever que acabará dirigiéndola no solo contra Áurea Soto y Francisco Rodríguez, sino contra la mayoría de los excargos nacionalistas, de los cuales la mayoría están actualmente alejados del BNG.
Seis nacionalistas
El fiscal se manifiesta en contra del sobreseimiento provisional y archivo de la causa que el instructor había decidido para retirar de ella a Iolanda Pérez Docampo, Andrés García Mata, Alexandre Sánchez Vidal, Xosé Somoza, Xosé Carballido y Fernando Varela. Quiere que sigan imputados y únicamente deja fuera, es decir, apoya el archivo del exconcejal del BNG, Manuel Herminio Iglesias, que pasaría a ser el único nacionalista eximido de cualquier tipo de responsabilidad en esta causa; la directora xeral de personal, Carmen Rodríguez Dacosta, y el actual alcalde, Agustín Fernández Gallego.
Con esta propuesta del fiscal, cuya aceptación dependerá en primera instancia del propio instructor aunque en apelación podrá llegar a la Audiencia Provincial, el efecto inicial que buscaba la CIG con su querella se ha visto parcialmente desvirtuado.
El sector paquista
Dirigida inicialmente la imputación delictiva contra el exalcalde Francisco Rodríguez, el regidor Agustín Fernández, Áurea Soto y Carmen Dacosta, que han sido las personas con más peso político en el grupo de gobierno del PSOE en el Concello de Ourense, no solo se han visto liberados de culpa los únicos que permanecen en activo, Fernández y Dacosta, sino que, a partir de la instrucción del caso, han caído casi todos los exediles y cargos nacionalistas del área de Rehabilitación del bipartito PSOE-BNG. Solo Manuel Herminio Iglesias se ha visto excluido.
Contrataciones irregulares hasta la llegada del actual regidor, que puso fin a la situación
El de las asistencias técnicas, sucesión de contratos que se fueron prorrogando en el tiempo a pesar de las advertencias de ilegalidad formuladas por el interventor, es un conflicto que ya se había suscitado durante el mandato del primero bipartito PSOE-BNG. Las denuncias políticas del PP cayeron en saco roto. Como dice en instructor de esta causa, estos contratos daba lugar a una situación de fraude de ley en la medida en que, como realmente ocurrió, las sucesivas prórrogas permitieron a los afectados consolidar derechos y acabar como contratados fijos por sendas resoluciones judiciales.
Más que Rodríguez y Soto
El juez limitaba la responsabilidad al exalcalde y a la exconcejala de Urbanismo. Deja fuera a todos los demás imputados. Particularmente hacía una advertencia en relación con el proceder del actual regidor, Agustín Fernández, en el sentido de que fue él quien puso fin a la irregularidad, aun cuando levantó algunos reparos para pagar la nómina -en forma de factura mensual- de los trabajadores afectados. «Es evidente que no se le podía exigir al actual alcalde que corrigiese esa situación irregular de un día para otro, por lo tanto era lógico que levantase los reparos efectuados por el interventor al objeto de abonar los trabajos que realmente se habían satisfecho, pero adoptando las medidas necesarias para poner fin a esa situación, cosa que de facto hizo».