El alcalde de Os Blancos, al borde de la desobediencia si no atiende pagos
OS BLANCOS
En una semana ha recibido dos resoluciones judiciales por deudas municipales
23 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Que la situación económica del Concello de O Blancos está más allá del límite es algo conocido. No tiene liquidez para atender pagos y tampoco deudas. Desatender obligaciones, sin embargo, ha colocado al actual alcalde, José Manuel Castro Blanco, en una situación especialmente delicada. Esta misma semana han salido de dos juzgados de lo social de Ourense sendas comunicaciones oficiales, dirigidas al regidor en tanto máximo responsable de la administración municipal, advirtiéndole de la perspectiva de incurrir en un delito de desobediencia al no cumplir sentencias firmes que imponen pagos.
El último requerimiento le advierte que ha de hacer frente al pago de 9.595,86 euros «correspondientes al principal restante por el que se sigue la presente ejecución, en el plazo de un mes, bajo apercibimiento de desobediencia», según detalla el escrito que afecta a una reclamación salarial por un trabajador.
La notificación, de oficio, incluye un requerimiento al secretario interventor del Concello de Os Blancos para que aporte la relación de bienes patrimoniales no afectos al uso público».
Deudas crecientes
El agujero económico de las arcas municipales de Os Blancos tiene su origen, según fuentes conocedoras de la situación, a un muy notable aumento del gasto público durante los últimos años del pasado siglo. Entre los deudores figura la hacienda pública, la Seguridad Social y proveedores de todo tipo, tanto de servicios generales de uso comunitario. Los conflictos se hicieron patentes en el ámbito laboral interno y también puertas afuera, cuando en el año 2012, planteó el gobierno municipal -ya con José Manuel Castro Blanco como alcalde- la cesión a la Xunta de servicios públicos como el alumbrado, el acondicionamiento y limpieza de viales.
Hasta ahora, el Concello simplemente arrastraba deuda y no pagaba, pero la entrada en la fase en la que el alcalde se enfrenta a la perspectiva de verse arrastrado a un procedimiento penal por desobediencia ha situado el conflicto al límite.