En la prisión de Pereiro de Aguiar se registraron tres casos denunciados el año pasado
07 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Cada cuatro días de media algún empleado público sufre una agresión, en forma de empujón, golpe o zarandeo, en España, donde el año pasado se produjeron 539 casos de amenazas o atentados. Los funcionarios ourensanos no son ajenos a este fenómeno y en el sindicato mayoritario de la función pública, el CSIF, creen que la problemática va a más. Los servicios públicos de empleo (SEPE) son los lugares en los que estas situaciones violentas son más frecuentes -en la mayoría de los casos suceden durante la atención al público por problemas con las citas o con las prestaciones y subsidios - pero también las prisiones, donde se dan los índices más altos de agresiones. Aún con un bajo nivel de conflictividad, el centro penitenciario provincial de Pereiro de Aguiar registró tres casos el año pasado. Por eso desde el CSIF reclama un protocolo de prevención de agresiones, pues los funcionarios de prisiones que quedaron fuera de la ley para empleados públicos, explica César Nóvoa, de la central sindical.
Las estadísticas sobre este asunto son incipientes y no registran la mayoría de hechos, pues muchos no denuncian, aunque sí hay quejas de los profesionales al sindicato. Por ello el CSIF organizó un curso de defensa personal, que se está desarrollando en las instalaciones de la comisaría provincial de policía con dos instructores de la Policía Nacional que enseñan a una quincena de empleados públicos cómo prevenir y repeler las agresiones, tanto verbales como físicas.
«Aunque estemos ante una agresión verbal, somos funcionarios públicos y estamos obligados a prestar el servicio al usuario. Se trata de eludir la agresión, encaminando al diálogo y reconducir la conversación. Nunca eches leña al fuego. Esto no consiste en ganar o perder, sino en prestar el servicio» subraya Santi Rey, funcionario del CNP y comunicador.
De esta manera se tratan no solo las situaciones de violencia verbal entre empleado público y usuario, sino también entre compañeros de trabajo. Estos problemas laborales suelen venir de una mala organización del trabajo que desemboca en conflictos. El agredido debe mostrar autoestima y comunicar su dominio de la situación con el lenguaje corporal, explica el especialista.
Cuando se llega al ataque físico, el funcionario debe tener en cuenta, además de la autodefensa, que debe proteger al usuario. Los empleados públicos que tratan con ancianos, enfermos mentales o de otro tipo, tienen que repeler la agresión pero cuidando que el paciente no se dañe, avanza Juan Carlos Queijo, instructor de defensa personal del CNP.
Son estas situaciones de tensión que viven a menudo por su trabajo funcionarios que prestan atención al público. María José, que trabaja en la Consellería de Política Social en materia de protección a menores, dice: «Hai anos tiven un intento de agresión física. As verbais son moi comúns. Hai que intentar manter a calma sen dar opción á vez que se presta o servizo ou se comunica a medida que se adopte». En su sector, la gestión de estas situaciones siempre fue difícil, independientemente de la crisis y los recortes. También otra empleada pública que trabaja en educación especial y prefiere no dar su nombre explica: «Vengo para tener más recursos porque no es lo mismo tratar a un chico de doce años que a uno de veinte. Y se trata de protegerlos». José Manuel, conserje de colegio y anteriormente trabajador del Sergas, añade: «Ás veces hai situacións conflitivas. Hai que saber levar á xente cando vén violenta. Ao estar de cara ao público o primeiro que atopan é ao da ventaíña».
En este curso, también se fomenta el trabajo en equipo para que todos los trabajadores de una unidad sepan cómo actuar y ayudarse frente a una agresión y a evaluar el espacio de trabajo, buscando vías de salida tanto para el funcionario como para el usuario.