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La muerte de animales en la perrera de O Carballiño se juzgará a los siete años

Las peticiones de condena que plantean las acusaciones particulares llegan hasta los dos años de prisión y tres de inhabilitación,

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ourense / la voz

Será en el mes de julio cuando se celebre en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense la vista oral por un caso de maltrato animal en el que aparece implicada la ex concejala de O Carballiño Josefa Pérez y otras cuatro personas, con distinto grado de relación con la perrera municipal en el año 2009. La vista está señalada para el día 19 de julio y también se ha reservado el día 20, para el supuesto de que no pueda finalizar el juicio en una sola jornada, según la diligencia de ordenación que ha dictado la letrada de la administración de justicia responsable de ese juzgado.

Al comunicar las fechas, desde el Juzgado de lo Penal se solicita expresamente a las partes que digan si tienen sus abogados algún señalamiento previo. Una vez completado ese trámite, se pasará a convocar a las partes, incluyendo acusados, testigos y peritos.

Este caso llega a juicio después de una larga instrucción, que comenzó en el Juzgado de O Carballiño 1 en la primavera del año 2009, a partir de una denuncia de la sociedad ecologista Matar por matar non. La iniciativa tuvo su origen en el hallazgo de varios perros muertos, amontonados y medio cubiertos por cal viva. Aunque el caso estuvo paralizado durante algún tiempo, incluso archivado provisionalmente al no haber apreciado el ministerio fiscal indicios de delito, el empeño puesto por las asociaciones Amigos da Terra y Matar por matar non, que recurrieron a la Audiencia Provincial, hizo que el caso se reavivase.

La sala había hecho referencia a las «nulas condiciones de higiene» en las que vivían los animales, como también al hecho de que su abandono permitía el «masivo aniquilamiento de animales por consentir ataques entre los mismos sin adoptar medida alguna». Ese panorama, a juicio de la Audiencia, rebasaba «con mucho» la calificación de la instructora sobre una defectuosa gestión para entrar en la «visión ofensiva de las relaciones de respeto y protección que han de imperar entre el ser humano y los animales domésticos». La muerte de setenta perros en menos de un mes había sido calificada en el mismo auto como una «lastimosa sangría».

Las peticiones de condena que plantean las acusaciones particulares llegan hasta los dos años de prisión y tres de inhabilitación, aparte de multas, por malos tratos y delito ambiental.

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