Un párroco de Muíños advirtió a dueños de sepulturas que no tendrían servicios si no contribuían
22 may 2015 . Actualizado a las 13:59 h.Una carta enviada a los feligreses de la parroquia de Santa María de Souto de Limia, en Muíños (Ourense) ?en la que les advertía que de no abonar una derrama de 450 euros para realizar arreglos en la iglesia no podrían solicitar servicios religiosos como funerales, bodas o bautizos? ha causado división entre los propietarios de sepulturas. «No todos estamos de acuerdo en pagar ?explica Paqui García? yo no me niego, pero no con esa cuota ni con esas amenazas».
La redacción de esa advertencia, ligando el pago del dinero al derecho a recibir esos servicios religiosos, hizo intervenir al Obispado de Ourense, que tuvo conocimiento del asunto por la queja de esta feligresa. Desde la diócesis comunicaron al párroco que desde el punto de vista canónico no se fundamenta que se le niegue el derecho a recibir sacramentos a una persona en función de si colabora o no con la iglesia. El cura, Miguel Sotelo, reconoció que la redacción de este párrafo era un error y se mostró dispuesto a rectificar, según el Obispado.
En declaraciones a La Voz, el sacerdote calificó de «malentendido» lo escrito en esa cláusula y asegura que no se ha negado a oficiar ningún servicio, hayan o no pagado dicha cuota. Según Paqui García, algunos vecinos se negaron a abonarla cuando leyeron ese texto.
El 24 de febrero, el consejo de economía de la parroquia creado en una asamblea con los vecinos presentes, unos quince según el sacerdote, había aprobado que los propietarios de panteones en el cementerio parroquial? 41 o 45 según las fuentes? pagasen cada uno 450 euros para el tejado de la iglesia. Se pidieron presupuestos y el coste del arreglo era de 14.900 euros. Además de las cuotas, al fondo se aportaban 1.500 euros de la venta de leña del diestro de la iglesia y se esperan 2.000 euros de una subvención que el Concello de Muíños tramitó ante la Diputación de Ourense. A la vecina que ha dado a conocer el problema no le cuadran las cuentas, porque según el presupuesto dado deberían pagar, calcula, unos 240 euros por propietario.
El sacerdote asegura que la mitad de los vecinos ya han pagado y disponen de ocho mil euros para arreglar una iglesia que dice, «se está cayendo», pero está dispuesto a dar marcha atrás, devolver lo ingresado y no hacer la obra si continúa la polémica que atribuye a «gente que no vive en la parroquia». Reduce la oposición a dos personas. Miguel Sotelo lamenta el revuelo. «Me atreví a meterme y me está costando muy caro. Llevo 44 años de sacerdote y es la primera vez que me pasa algo así», afirma.
Otra cuestión a la que se oponen estos vecinos es que la iglesia que se quiere arreglar no se haya utilizado durante el invierno y que las misas se hicieran en una casa particular. «No se aguantaba el frío, hacía más dentro que fuera. A la misa solo iban siete personas y al hacerla en el domicilio venían más», zanjó el cura.