El gobierno que salga de las elecciones decidirá el destino de 14 millones
28 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno provincial dio ayer cuenta al pleno de la liquidación del presupuesto del año pasado, en el que la institución consiguió elevar el remanente de tesorería, es decir, el dinero ahorrado en caja, hasta los 25 millones de euros. Parte de esa cuantía se utilizó ya en dos modificaciones presupuestarias, pero quedan algo más de 14 millones de euros que, según adelantó el PP, no se tocarán hasta el segundo semestre del año. El motivo, explicó el portavoz popular, Plácido Álvarez, es que así será el próximo gobierno provincial el que lo gestione. Pero, además, así la Diputación podría afrontar el pago de los 10,1 millones que le reclama la UE por el supuesto fraude conocido como caso depuradoras. La devolución está suspendida cautelarmente por la Justicia, pero si finalmente hay que pagar -«se se da esa desgraza», dijo Álvarez- queda ese «colchón», señaló el portavoz.
Una de las dos modificaciones presupuestarias citadas, de algo más de siete millones de euros, se aprobó ayer. El dinero va a parar, en su mayor parte, a la amortización de préstamos bancarios, pero también a gastos corrientes. Además hay una nueva subvención de 50.000 euros para el balneario de Cortegada, motivo que provocó las quejas de la oposición por el reparto de ayudas a dedo para concellos gobernados por el PP (en este caso a un alcalde elegido por el PSOE pero que acaba de fichar por los populares). Precisamente, ayer el gobierno provincial rechazó una moción socialista que reclamaba una comisión plural para repartir subvenciones, aunque Plácido Álvarez adelantaba que se cambiarán los criterios.
Unanimidad para rechazar que se privaticen los registros civiles
El Gobierno central, del PP, estudia la privatización de los registros civiles, pero no cuenta con el respaldo para ello del ejecutivo provincial ourensano, también del Partido Popular. El PSOE presentó un debate para su moción y aunque el portavoz del gobierno provincial dijo que no compartían la iniciativa en su totalidad, finalmente la respaldaron. El texto aprobado obligará a la Diputación a enviar un escrito dirigido al ministro de Justicia «instándolle a que dea marcha atrás». La unanimidad fue aplaudida por parte de los trabajadores del registro civil, que asistieron como público al pleno.
Referencias cruzadas a los vínculos de una contrata con partidos
El ejecutivo provincial rechazó ayer una moción del BNG para crear una comisión de investigación que analice posibles irregularidades en la revisión catastral de varios municipios que ha sido contratada por la Diputación ourensana. La mujer del responsable de la empresa que realiza esos trabajos fue concejala del PSOE, según el PP. El BNG, por su parte, recalcó que otra compañía que comparte sede social con la citada tiene entre sus socios a la presidenta de un distrito del PP en la capital ourensana.
Ayudas para atención a la infancia y para ejecutar obras
El pleno celebrado ayer sirvió para aprobar las bases de las ayudas a concellos para guarderías y PAI (Puntos de Atención Infantil). Solo el BNG se opuso por preverse subvencionar incluso aquellos servicios que están privatizados. En la sesión también se dio luz verde a los planes provinciales de obras, que suman 12 millones.