«Que Ourense está marginada en asuntos de justicia es muy evidente»

Son ya veinte años los que lleva Manuel González Carvajal (Ourense, 1967) como activista sindical. Es el veterano entre los liberados en la administración de justicia. El suyo es un papel que en no pocas ocasiones ha servido como trampolín para el salto a la actividad política. Tanteó el terreno como concejal de Castrelo de Miño, pero acabó dejándolo, aunque sigue en la misma trinchera, pues, según dice, «los males que afectan a los trabajadores de la administración de justicia y a la sociedad en general están en el mismo sitio». A González Carvajal, aunque el conflicto esté en una cisterna que no funciona o en el descosido marco de una puerta del nuevo edificio judicial, convertido en fácil arma arrojadiza, le falta tiempo para señalar al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. «¿Obsesión? De ninguna manera. Pero la realidad es la que es. La justicia en Galicia funciona con distintas varas de medir. Que Ourense está en estos asuntos marginada, a la cola, es muy evidente».

Cree el sindicalista, con la visión que le da ser el responsable del área de justicia de UGT en Galicia, que desde la Xunta se ha apostado abiertamente por beneficiar a la provincia de Pontevedra. En ello ve «interés puramente electoral del vicepresidente de la Xunta». A modo de ejemplo, al margen de que gran parte de las experiencias piloto se desarrollen en juzgados costeros, cita el caso de los servicios de presentación, registro y reparto de escritos. «Allá se crean plazas y se ponen en marcha servicios bien dotados. En Ourense, no solo no se crean plazas, sino que se limitan a dos personas, una por cada función, que llegan por la vía del refuerzo y desde el personal de apoyo». Es un apunte, matiza, «pero no el único, para afirmar que hay una justicia de primera en medios y personal, muy asociada a la costa, y otra de segundo, con el interior».

Manuel González empezó su vida laboral en el sector de seguridad, incluyendo la conducción de blindados. Pronto sintió la necesidad de la afiliación sindical. En 1991 se estrenó como interino en un juzgado de Santiago y ya como funcionario tuvo en 1995 su primer destino en Ayamonte, donde al año siguiente ya pateaba Huelva con el carné de UGT por delante. En 1998 logró el traslado a Santiago y desde ahí a Ponteareas y Chantada, donde lo conocen más por la actividad sindical que por haber llegado a ocupar mesa. Ha vivido las elecciones sindicales en modo tobogán, arriba y abajo, disfrutando éxitos y soportando las caídas como fracaso. «No es fácil hacer sindicalismo en justicia. Ahora no se negocia, sino que impone. Todo se gana en los juzgados y eso, aunque parezca un contrasentido, lastra la acción sindical», dice Manuel González, cuya organización lideró en buena medida las acciones públicas más críticas contra el edificio judicial. Cada organización tiene su estilo de trabajar. El que este dirigente imprime a UGT es más de ruido que de sutilezas.

«Si no nos hubiéramos manifestado, ni nos hubiéramos quejado, seguiríamos igual de mal», dice el sindicalista, que resalta las mejoras que se han ido introduciendo. Cita, a modo de ejemplo, el sistema de iluminación artificial, donde se gastó la nada desdeñable cantidad de 30.000 euros para mejorarlo, o la mejora de los accesos al edificio, después de varias caídas de personas en el exterior. «¿Resignados? Depende. El traslado no tiene vuelta atrás, pero no vamos a dejar de reclamar, cuantas veces sea necesario, que se arreglen aquellas cosas susceptibles de mejora», afirma. Los cambios de los baños de uso público, que mantienen su función pantalla ante varios juzgados, siguen en la lista de las demandas con carácter prioritario. «Y no olvidamos tampoco que hemos pedido a los arquitectos municipales y a los bomberos que nos digan si el edificio cumple con las medidas de seguridad y podemos estar tranquilos antes una situación de riesgo», remacha.

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