El documento que fue aprobado en septiembre del 2011 motivó la denuncia de los ediles y de un vecino, proceso que se cierra ahora con la decisión irrevocable del Supremo. Al mismo tiempo las irregularidades detectadas dieron lugar a otro proceso que aún se mantiene vivo: la querella presentada por la fiscal de medio ambiente de Ourense contra el alcalde de Boborás por tres presuntos delitos. Los mismos estarían vinculados con los «defectos» encontrados en la documentación del PXOM y con los trámites realizados para legalizar la casa de Cipriano Caamaño Castro y María del Carmen Cives, ya que en la solicitud presentada se afirmaba que la vivienda estaba terminada en una fecha que no se corresponde con la realidad -para facilitar su «regularización»-. Por estas circunstancias la fiscal imputó a Cipriano Caamaño presuntos delitos de «falsificación documental, tráfico de influencias e delito contra a ordenación do territorio».
El lunes vuelve al juzgado
Por el juzgado de O Carballiño ya pasaron a declarar, en relación con esta querella, el regidor, su mujer, el asesor jurídico del Concello de Boborás, el arquitecto y el exsecretario.
Para dilucidar a quién corresponde la letra del escrito que falseaba los datos sobre cuándo se construyó la vivienda, el presentado para legalizarla, el alcalde y el asesor jurídico tuvieron que realizar pruebas caligráficas. Ahora la jueza de O Carballiño ha dictado una providencia para que Cipriano Caamaño y Javier Francisco Rivera, el asesor, realicen nuevas pruebas caligráficas al haberse recogido de forma incorrecta las anteriores muestras y no estar acompañadas de una documentación diferente a aquella con la que se debían comparar. A las 10.00 y 10.30 horas del lunes están citados en el juzgado.