Una comisión con políticos y técnicos de ambos municipios velará por el cumplimiento del acuerdo
10 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Tras años de trámites, los municipios de Ourense y Barbadás han culminado la tramitación del trueque de terrenos. Según publicaba ayer el Boletín Oficial del Estado se da por finalizado un procedimiento que provocará que la finca Fierro pase a ser de titularidad del Concello de Barbadás. A cambio, la capital provincial recibirá unos terrenos en la zona de las riberas del río Miño, junto a la zona de Outariz, que sirve de aparcamiento para la zona termal y también para que los autobuses urbanos estacionen. A mayores, Ourense recibirá una indemnización de 114.039,30 euros, en concepto del dinero que dejará de ingresar en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Esta diferencia económica se debe principalmente a los ingresos por los impuestos que hasta ahora generaban los vecinos de la finca Fierro y que ahora serán, a todos los efectos, vecinos del municipio de Barbadás.
El convenio firmado entre ambos municipios establece que se creará una comisión de interpretación para garantizar el correcto desarrollo de las estipulaciones incluidas en el acuerdo. Se trata de una comisión paritaria para resolver posibles conflictos. Estará copresidida por los alcaldes de ambos municipios -o concejal en quien delegue-, un edil de cada corporación municipal, los interventores de ambos ayuntamientos y un técnico de cada administración local. También habrá una secretaría conjunta. Todos los miembros tendrán que ser nombrados directamente por los respectivos alcaldes.
En materia urbanística, el acuerdo contempla que cada ayuntamiento tendrá la obligación de remitir, en el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor de la alteración de los lindes, al otro copia de aquellos expedientes en materia de reposición de la legalidad urbanística que se encuentren pendientes.
En el caso de los impuestos municipales, cada ayuntamiento mantendrá la competencia para exigir por vía de apremio los tributos, impuestos y demás recursos que no se hayan recaudado en vía voluntaria antes del cambio de lindes.