El regidor de Trives culpa a la Audiencia de judicializar la política

La Voz OURENSE / LA VOZ

A POBRA DE TRIVES

Miguel Villar

Un exconcejal del PSOE lo acusa de prevaricación por levantar un pleno sin haber dejado intervenir

25 may 2017 . Actualizado a las 13:34 h.

El alcalde de Pobra de Trives, Francisco José Fernández Blanco, no ocultó su incomodidad por verse en calidad de acusado en el Juzgado de lo Penal número 1. «Ás veces son os propios entes xurídicos os que permiten a xudicialización da política», declaró antes de la vista, para señalar directamente a la Audiencia Provincial, por «permitir que se celebrara este xuizo», cuando, según enfatizó, ni la jueza de instrucción ni tampoco el ministerio fiscal hallaron razones suficientes para sentarlo en el banquillo. Un exconcejal del PSOE ejerce la acusación particular y su intervención en la causa ha sido suficiente para que el regidor se enfrente a una petición de condena de siete años de inhabilitación especial para cualquier cargo público. El representante del ministerio fiscal, por su parte, refrendó ayer la posición mantenida hasta ahora, en el sentido de que el proceder del regidor no es delictivo, por lo que deberían haber sido archivadas las diligencias.

Este caso tiene su origen en lo ocurrido en un pleno ordinario del municipio de Pobra de Trives en enero del 2014. Se debería haber discutido en aquella sesión extraordinaria, convocada por iniciativa de la oposición, la recusación del alcalde por parte de una funcionaria a la que se le incoaba un expediente sancionador. Había acudido a aquella sesión un secretario con habilitación nacional, enviado por la Diputación. No tuvo ocasión de intervenir, según ayer declaró.

Ni el secretario pudo hablar

El funcionario, en contra de la interpretación de hechos que hace el regidor, aseguró que el acusado le había negado expresamente el uso de la palabra. Por ello, cuando el alcalde decidió levantar el pleno sin debate, el técnico no tuvo ocasión de intervenir. Sugirió el alcalde que podría haber interrumpido, de considerar grave la situación. Sin que le hubieran concedido el uso de la palabra, de ninguna manera lo haría, según matizó el funcionario, que por dos veces dijo haber levantado la mano para pedir al regidor que le permitiera explicar la mecánica legal de las recusaciones. Hubo incluso una conversación entre los dos.

El alcalde, por su parte, lamentó que haya llegado este caso a juicio después de tres años. Especialmente reprobable le parece, según dijo antes de la vista, que el caso esté promovido como acusación popular por José Vicente de Inés, que al frente de la mancomunidad está desarrollando una actividad que considera políticamente censurable. Sostiene Fernández Blanco que tras esta acusación solo hay «intereses políticos e enemistade persoal» con el denunciante.

Apeló el alcalde a la necesidad de «que remate esto dunha vez, para dedicarnos aos intereses dos veciños e das veciñas».

No dejó de reconocer el acusado que el juzgado de lo contencioso había decidido en su día que el polémico pleno -cuyo abrupto final suscita este caso- debía continuar en el punto donde fue levantado.

La petición de condena que plantea la acusación popular es de siete años de inhabilitación para cualquier cargo público. Inicialmente proponía ocho, pero ayer la dejó en siete al no apreciar una agravante.

El caso quedó visto para sentencia después de que la titular del Juzgado de lo Penal 1 hubiera dejado claro con su proceder que se limitaba a la actuación de aquel pleno, sin valorar conflictos previos o aspectos políticos.