La Xunta rechaza una balsa de agua para fabricar nieve en la cumbre de Manzaneda

Los Concellos de A Pobra de Trives y Manzaneda, la Diputación y la Xunta firmaron el compromiso de préstamo participativo para asumir los más de 675.000 euros que precisa Meisa -la sociedad propietaria de la estación de esquí- para hacer cuadrar sus cuentas. Así se aprobó en el consejo de administración celebrado el pasado martes, y que ayer fue dado a conocer por la Diputación a través de un comunicado. Según lo acordado el martes, cada concello asumirá el 3 % de la cifra total, mientras que la cantidad restante la afrontarán a partes iguales Xunta y Diputación. El compromiso firmado tiene que materializarse antes del 30 de agosto.

En el consejo de administración también se dio cuenta sobre la situación del proyecto de innivación artificial, que está parado a la espera de conseguir los permisos para ubicar una gran balsa de agua, necesaria para abastecer a los cañones que fabricarán la nieve. Desde la Dirección Xeral de Conservación da Natureza -cuya responsable es consejera en Meisa- se expuso que la propuesta de construir una gran balsa en la parte alta de la montaña no pasará el trámite de información ambiental por estar en una zona de especial protección, es decir, no logrará los permisos. Se buscan alternativas. Se propuso ubicar la balsa en la zona de la depuradora, y después bombear a otra situada más arriba (y de menor tamaño), para lo que sería preciso construir varios pozos de barrena. La propuesta quedó sobre la mesa a la espera de un informe sobre los costes energéticos que tendría después ese sistema; tal y como reclamó el alcalde de Trives, Francisco Fernández. El tema será debatido en el próximo consejo de administración.

Deudas del Concello

También quedó para futuras reuniones la decisión sobre una deuda de más de 50.000 euros que Meisa reclama al Concello de Trives por facturas impagadas de los años ochenta, noventa y principios del 2000. Son facturas de las que no hay constancia en el Concello, según el regidor. Este pidió un informe a la Diputación, ya que las facturas podrían estar prescritas por haber pasado más de cinco años desde que se hicieron los gastos. Además, no fueron presentadas hasta ahora.

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