Manuel Velo niega que quisiese incumplir un fallo judicial

m. rodríguez OURENSE / LA VOZ

A MERCA

MIGUEL VILLAR

El alcalde de A Merca alegó que el derribo de una casa se demoró porque intentaron buscar soluciones para la familia afectada

26 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El alcalde de A Merca, Manuel Velo (PP) -acusado de desobediencia por incumplir o realizar «maniobras» que dilataran la ejecución de la sentencia de derribo de una vivienda unifamiliar en Corbillón- declaró ayer ante la juez del Penal 1 de Ourense que «nunca» fue su intención incumplir el mandato judicial. Hasta cinco notificaciones personales, entre los años 2005 y 2011, recibió Velo en su condición de alcalde para que demoliese la vivienda cuya construcción fue declarada ilegal por la Sala de Contencioso Administrativo del TSXG en el año 1996.

El regidor popular explicó que el derribo se retrasó por los recursos que presentó el propietario de la vivienda y porque intentó buscar soluciones para que estos vecinos, que llevaban treinta años en el municipio y tenían hijos, encontraran otro domicilio. Velo aseguró que había recibido amenazas e insultos por este caso. También apuntó que cuando llegó la última notificación, a finales del 2014, el Concello ya no tenía presupuesto para pagar los más de veinte mil euros que costó la demolición.

Sin embargo, según la acusación, las sucesivas sentencias y autos señalaban que los recursos no hacían variar la ejecución de la sentencia. Un acuerdo junta de gobierno del Concello de A Merca del año 2012 autorizaba un derribo parcial y reforma de la vivienda pero fue declarado nulo. Finalmente la casa se comenzó a derribar en febrero del 2015. Por ello, la fiscalía, aplica en su petición de condena de cinco meses de inhabilitación y multa de 700 euros, las atenuantes de reparación del daño y dilaciones.

Al contrario, la defensa solicitó la libre absolución por entender que no hubo ánimo de desobedecer ninguna orden judicial por parte del alcalde. Alegó que intentó conciliar los intereses generales del municipio y que hubo «discusiones judiciales», explicó la letrada Beatriz Seijo.