Los abusos crecieron en un 133 % en la provincia según los datos de la Fiscalía
17 feb 2019 . Actualizado a las 20:28 h.Esta semana el Ministerio del Interior daba a conocer los datos en cuanto a denuncias interpuestas en la Policía Nacional y la Guardia Civil por delitos sexuales durante el 2018. Sin embargo, no todas las denuncias llegan al juzgado por falta de pruebas o porque las víctimas retiran la denuncia. Por ello, resulta más fiable fijarse en el número de casos que se abren por el ministerio fiscal para aproximarse al aumento o descenso de este tipo de delitos.
En esta línea, en tan solo un año, los casos de agresiones sexuales iniciados por la Fiscalía de Ourense aumentaron un 75 %. Concretamente, entre el 2016 y el 2017 -último del que el ministerio público tiene contabilizados los datos anuales- pasaron de incoarse 20 denuncias, por este mismo delito, a 35. Además, comparándolo con los casos registrados en el 2015 -en el que se iniciaron 33 procedimientos- y 2014 -en el que hubo 24 casos- es la cifra más alta.
La agresión es el delito contra la libertad sexual más grave de los tipificados en el Código Penal porque implica que el agresor accedió al cuerpo de la otra persona para una actividad explícitamente sexual, sin consentimiento de la víctima y empleando la violencia para conseguir una penetración -vaginal, anal, bucalmente o con objetos-.
Los abusos sexuales se diferencian en que el agresor no necesita emplear la violencia sexual para conseguir su fin. Es lo que suele ocurrir con los menores de edad, que no pueden prestar por ello ese consentimiento; con las personas con algún tipo de incapacidad y con aquellas que están bajo los efectos del alcohol o las drogas y que, por tanto, no están en condiciones de autorizar esa actividad sexual. Toqueteos, masturbaciones, acoso, obligar a alguien a observar la realización de actividades de índole sexual o forzar a la víctima a mostrar su cuerpo valiéndose de una posición de superioridad entran dentro del abuso.
Los casos registrados de este tipo de delito se incrementaron en un 133 % al pasar de iniciarse 15 denuncias por la Fiscalía de Ourense en el 2016 a 35 -el mismo número que de agresiones- durante el 2017. Los datos más altos corresponden, sin embargo, a hace cinco años, cuando llegaron a los juzgados un total de 40 diligencias previas por abuso sexual.
En cuanto al acoso sexual, el número de procedimientos incoados por el ministerio público provincial maneja cifras relativamente bajas en comparación a los delitos contra la libertad sexual más graves. Siete fueron los casos registrados por un hostigamiento de este tipo durante el año 2017.
El acoso consiste en la presencia de requerimientos por lenguaje verbal, no verbal o escrito para mantener relaciones sexuales con una persona que las rechaza, según establece el Código Penal. El mayor incremento en los delitos de este tipo se registró entre el 2014 y 2015, cuando las diligencias incoadas en los juzgados ourensanos pasaron de ser tres a ser ocho, lo que supone un aumento del 166 %. Los acosos sexuales ocupan el tercer puesto en la tabla con los delitos contra la libertad sexual que se registran en la provincia cada año.
El 2017 fue el peor en cuanto a los delitos de exhibicionismo registrados
Existe un cuarto tipo de delitos contra la libertad sexual que en Ourense han aumentado considerablemente. Son los relacionados con el exhibicionismo y la provocación sexual.
Según los datos aportados por la Fiscalía, en la provincia de Ourense se incoaron hasta seis diligencias previas de este tipo en los juzgados de la provincia a lo largo del año 2017. Un dato extremadamente alto si se tiene en cuenta que durante el 2016 no se dio ningún caso y que en el 2015 y 2014 solo se tuvo constancia de dos por año.
Estaría incurriendo en un delito de este tipo todo aquel que no solo mostrase obscenamente su cuerpo, sino también el que obligase a otro a hacerlo -puede suceder con menores o personas de necesidades especiales- y los acusados de vender o distribuir material pornográfico de menores. La pena máxima que se pide para los que incurren en estas acciones es de un año de cárcel, con la posibilidad de existir agravantes.
