La Diputación ayudará a gravar a las eléctricas por ocupar suelo público

Miguel Ascón Belver
miguel ascón OURENSE / LA VOZ

OURENSE

Según Jácome, el presidente «estafa» a los ourensanos «para su promoción personal»

01 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El pleno que ayer celebró la Diputación ourensana sirvió, entre otras cosas, para aprobar por unanimidad una iniciativa del gobierno provincial. Tras ese impulso, la institución elaborará un estudio de viabilidad para la implantación de una tasa a las empresas eléctricas y gasísticas por la ocupación de suelo público que hacen con las torres de sus cableados o con sus gasoductos.

Según informó el portavoz del gobierno popular, Plácido Álvarez, la Diputación enviará un cuestionario a los ayuntamientos que servirá para calcular si la implantación de esa tasa es beneficiosa para los concellos (que lo será especialmente para aquellos que tienen centrales hidroeléctricas). Pese a las críticas del BNG, que recordó que hace unos meses había presentado una moción similar que el PP se negó a debatir, todos los grupos apoyaron la propuesta.

Por otro lado, la sesión sirvió para aprobar dos declaraciones institucionales, aunque ninguna tuvo un respaldo unánime. Una fue para exigir soluciones al Ateneo -de la que se desmarcó DO, como ocurrió en el Concello de Ourense- y otra, para reclamar la continuidad de todos los registros de la propiedad existentes en la provincia. En este caso, DO y BNG se abstuvieron.

Administración electrónica

Uno de los debates más intensos del pleno fue el de la aprobación de un programa de colaboración con los ayuntamientos para facilitar la gestión electrónica de los procedimientos administrativos. La Diputación ha contratado a una empresa por 2,3 millones para prestar el servicio, lo que dio pie a las críticas generalizadas de la oposición. Según el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, el presidente no tiene «ni idea» de gestionar. Hizo referencia a los recientes viajes de Baltar al extranjero y lo calificó como un «megalómano que se cree ministro de Exteriores». En esta línea, Jácome criticó el gasto de 200.500 euros que la Diputación hizo en 2016 en un periódico de Santiago, una inversión publicitaria que solo busca su «promoción personal» para, así, «intimidar» y «presionar» a la dirección del PPdeG y evitar que lo obliguen a dimitir por la investigación judicial en la que está inmerso, según dijo el líder de DO. «Nos está estafando a todos los ourensanos con su megalomanía», concluyó.

El exportavoz del PSOE anuncia que publicará sus bienes e invita a Baltar a imitarlo

Los 19 viajes que el presidente de la Diputación ha realizado a cargo de la institución provincial desde marzo del año pasado salieron a relucir en el pleno. Los citó Gonzalo Pérez Jácome, de DO, y volvió a hacerlo Ignacio Gómez, exportavoz del PSOE, aprovechando el turno de ruegos y preguntas, como es habitual desde su cese como líder del grupo socialista. Gómez se refirió, además, a las carencias denunciadas en el Portal de Transparencia de la web de la Diputación y, en concreto, a la imposibilidad de consultar las declaraciones de bienes y actividades de los 24 de los 25 miembros de la actual corporación (con la única excepción del vicepresidente, Jorge Pumar).

Gómez dijo que la próxima semana presentará la suya e invitó al presidente a hacer lo mismo. Agradeció además que, tras su denuncia pública, la Diputación haya corregido algunos de los errores detectados en la web.

Unanimidad para impulsar que la Ribeira Sacra sea Patrimonio Mundial

La sesión plenaria celebrada ayer en la Diputación debatió varias mociones de la oposición. Las del BNG -en defensa de un sistema de concierto económico para Galicia y para reclamar un plan de ayudas a concellos de ocho millones- fueron rechazadas. Las dos del PSOE sí se aprobaron. Una de ellas reclama el refuerzo de los centros de información a la mujer y el PP la apoyó pese a que la socialista Susana Rodríguez dijo que los populares «non cren na igualdade» porque «seguen amparando» a Baltar, en referencia a la investigación por ofrecer, supuestamente, trabajo a cambio de sexo. También se lo recordó Jácome en el debate de la iniciativa socialista para impulsar que la Ribeira Sacra sea Patrimonio Mundial.