Más de dos millones y medio de euros. Es el dinero que las siete ciudades gallegas se gastan en asesores públicos cada año, y que en el caso de Ourense suponen 174.000 euros solo en el gobierno. No sé si debemos dudar de que esas cantidades, y todo ese personal, sean necesarias para el buen funcionamiento de las administraciones locales, pero en todo caso no queda más remedio que preguntarse si la forma en que se gastan los recursos públicos es la más adecuada en los tiempos que corren. Piensen, por poner otro ejemplo, en los 600.000 euros que costaron a las arcas públicas los viajes de los diputados y senadores durante la última legislatura, esa que, por cierto, apenas duró unos meses porque finalmente no hubo investidura.
Pienso en ello al saber que en Ourense hay muchas causas judiciales que prescriben a causa de la falta de medios y personal en los juzgados encargados de tramitarlos. Es decir, que caducan porque a estas sedes no se les destina el dinero público necesario para que puedan resolver los casos que manejan en tiempo y forma. Así que en la provincia el año pasado no hubo castigo para los culpables en más de 120 causas, de acuerdo con los datos que manejan los sindicatos. Ellos, junto con jueces y funcionarios, reclaman una nueva sede, en este caso un tercer juzgado de lo penal, para aliviar tanta carga de trabajo y conseguir que se pueda impartir justicia en las mejores condiciones. Y no es la primera vez que lo hacen. Los penales de la capital llevan años saturados de trabajo y pese al tiempo transcurrido desde las primeras reivindicaciones los asuntos siguen acumulándose, y caducando, en las estanterías de los juzgados. Están claras las prioridades, ¿no?