El abogado del estado y el fiscal dirán si un empresario va a la cárcel por delito contra hacienda
OURENSE
El ex presidente de la promotora del centro comercial Ponte Vella pide a la Audiencia que suspenda su condena
24 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Como era previsible, Óscar Sánchez Ruido, el ex presidente de Ucosa, la sociedad que promovió la construcción del centro comercial Ponte Vella, ha pedido en la Audiencia Provincial la suspensión de una condena firme de dos años y seis meses de prisión. La sala, antes de pronunciarse, ha pedido tanto al ministerio público como al abogado del Estado -personado en la causa para defender los intereses de la hacienda pública- que den su opinión sobre esa solicitud.
El empresario, sobre quien pesan condenas firmes por delito fiscal, falsedad documental y apropiación indebida, añadió a su solicitud para frenar la ejecución efectiva de la pena una fotocopia de un documento privado presuntamente formalizado en A Coruña el pasado mes de marzo con el administrador único de Ucosa. Asume el ourensano un compromiso de pago, en seis años, de la deuda contraída con esa sociedad y cuantificada en la primera sentencia de la Audiencia de noviembre del 2014. Aparte de los dos años de prisión por falsedad y apropiación, se le condenaba a pagar 900.000 euros, que aparecían detallados en pesetas. Sin que en la Audiencia conste que haya sido abonada esa cantidad en concepto de responsabilidad civil, la sociedad acepta en ese escrito del pasado mes de marzo el pago en seis años. Añaden, no obstante, que en atención a las circunstancias personales, la firma acepta no solo el fraccionamiento sino que empiece haciendo entregas mensuales de 600 euros.
Por el delito fiscal, además, la condena para el empresario suma al año y medio de prisión un total de 605.000 euros de responsabilidad civil con la Agencia Tributaria, por los impuestos de sociedades e IVA del 2001. Al margen de lo que pueda informar en relación con la petición de suspensión de condena, el abogado del Estado ya pidió a la Audiencia -tan pronto como la sentencia adquirió firme y a primeros de septiembre arrancó la fase de ejecución- que se le permitiera actuar por sus propios medios para cobrar la deuda tributaria.
La fase de ejecución de esta sentencia dará lugar, por otra parte, a que Ucosa se pronuncie sobre un asunto que arrancó en el 2003 por una denuncia de un grupo de socios liderado por el empresario Jorge Bermello. Tras una larga instrucción, a la hora de concretar acusación en la fase de juicio, los denunciantes se retiraron y dejaron ese papel al ministerio público y a la Abogacía del Estado, que insistió en el delito fiscal por el que inicialmente fue acusado el ex presidente de esta firme ourensana.
La incorporación de facturas falsas a las cuentas del 2001 es lo que dio lugar a esta causa. Fue condenado Sánchez Ruido y los dos empresarios que pusieron en circulación los recibos.