La fiscal aceptó la confesión del gerente de Bodegas Barbantiño y exculpó a los otros tres socios acusados en la misma causa
07 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Al consejo regulador del Ribeiro no le sirve la confesión de culpabilidad del ex gerente de la empresa Bodegas Barbantiño, Antonio Bóveda Osorio, que ayer se atribuyó la responsabilidad única en una falsificación de contraetiquetas en el año 2009. Retiró la fiscalía la acusación contra los otros tres imputados ?Pilar Viéitez, David y Felipe Bóveda, socios de la empresa? y dejó la solicitud de condena para Antonio Bóveda en veintiún meses de prisión. Los cuatro se mostraron conformes, pero no así el consejo regulador, cuyo abogado insistió en pedir, para cada uno, tres años y seis meses de prisión por un supuesto delito de estafa, con un año y nueve meses más por otro delito de falsedad. De prosperar esa petición, no tendrían posibilidad de evitar la cárcel.
La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, María Blanca Díez Mediavilla, afeó al letrado del consejo regulador la desconsideración que suponía haber presentado en el propio acto del juicio un informe pericial, con la salvedad de que el propio escrito tiene fecha de septiembre del 2015, lo cual significa que se lo podía haber facilitado con anterioridad.
La magistrada, que como norma de actuación evita la suspensión de los juicios salvo en situaciones extremas, dejó media hora a las partes para que pudieran conocer un informe con el que pretendía el consejo regular elevar hasta 495.467 euros el perjuicio sufrido por la actuación de los acusados. Se reanudó la vista con un llamativo interrogatorio al perito del informe del medio millón de euros, que confesó actuar por primera vez en un tribunal y reconoció también que no tenía facturas ni comprobantes para sostener las reclamaciones del consejo, habiéndose limitado a manejar los datos que le ofrecieron en Ribadavia. La jueza, por su parte, dejó claro al abogado del consejo que solo podía reclamar 100.000 euros, pues esa era la cantidad que había fijado en sus conclusiones. Aunque formalmente le recibió el informe del medio millón de euros, en la práctica no servirá de nada. De no haber fijado cantidad, a expensas de hacerlo en una fase posterior de ejecución de sentencia, podría el consejo llegar a esa reclamación, pero no de la forma que actuó.
¿Trabajó usted de oídas?, preguntó la fiscal al inesperado perito en un momento del interrogatorio. «Sí», confesó.
Entre las cantidades que incluye el perito en ese informe figuran 18.494 euros, que es la cuota correspondiente al 2,1 % que representaba Barbantiño en el conjunto de la Denominación de Origen, en relación con los supuestos 888.223 euros que el consejo gastó en propaganda y relaciones públicas en el 2009. La tesis que mantiene la acusación particular es que a los acusados hay que reclamarles, por un lado, la cuota de la inversión publicitaria y la competencia desleal y, por otro, el impacto negativo que la difusión de la irregularidad provocó en la imagen general. Se vería obligado el consejo, según afirmó su letrado, a contratar un gabinete de comunicación y tomar medidas «paliativas».
El informe cifra en 4.612,32 euros el valor de las contraetiquetas falsificadas por decisión del acusado y, por tanto, dejadas de vender por el consejo. Como existen diferencias de precio, según sean autoadhesivas o no, le preguntaron al perito a cuáles se refería en su informe para llegar a ese precio. Tampoco supo contestar.
La acusación particular mantiene que el perjuicio a la denominación viene dado por el hecho mismo de que trascienda esa situación de fraude y se le conceda difusión, por entender que se extiende la sombra de duda sobre el conjunto, a pesar de que se hubiera actuado contra la bodega, sancionada por la Xunta y con la clausura de sus instalaciones.
El fraude alcanzó al menos 15.000 botellas
Compartieron banquillo los imputados. Uno de ellos confesó. Los otros tres no llegaron a declarar. De manera implícita, Antonio Bóveda admitió, como decía el escrito de acusación, la adquisición de «miles de litros de vino blanco y tinto que no reunía los requisitos de calidad marcados por el consejo regulador». En el momento de su comercialización, sin embargo, utilizó «contraetiquetas consistentes en meras copias o imitaciones de las auténticas» del consejo regulador del Ribeiro. Fueron algo más de 15.000 botellas las que comercializaron de ese modo en el año 2009 según sostiene el ministerio público. Fueron localizadas dos partidas en Gadis y en Froiz. Un representante de la primera de esas empresas aclaró ayer ?como testigo? que él solo había tenía contacto con uno de los acusados, precisamente el que asumió toda la responsabilidad del fraude. La alimentación absorbe el 54 % de las ventas de Ribeiro, con un precio medio de venta del vino de 2,63 euros, inferior a los 4,01 de media en hostelería, según datos del informe de la consultora Nielsen aportados en el controvertido informe.