El tribuna considera prescritas las supuestas irregularidades del conocido como caso Depuradoras por las que el Estado reclamaba el dinero
04 oct 2015 . Actualizado a las 00:39 h.Los técnicos de la OLAF (Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea) que destaparon las supuestas irregularidades cometidas por la Diputación de Ourense en la gestión de fondos comunitarios no llegaron a tiempo. Los funcionarios de la UE denunciaron la manipulación del proceso de licitación de dos proyectos para la instalación de un centenar de depuradoras de agua en pueblos ourensanos con el objetivo de beneficiar a una determinada empresa. El Estado español asumió como ciertas esas acusaciones, de modo que exigió a la institución provincial la devolución de los 10,1 millones recibidos para ejecutar esas actuaciones. Sin embargo, una sentencia dada a conocer ayer por el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, entiende que esa acción administrativa ha prescrito.
La prescripción, según dice el fallo judicial, se calcula al transcurrir cuatro años a contar a partir de la fecha de cierre de los proyectos. En uno de los casos eso ocurrió en junio del año 2006 y en otro, en el mismo mes del 2007. Por tanto, la investigación de las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de los fondos comunitarios debía haber comenzado como muy tarde en junio del año 2011. Sin embargo, los técnicos de la OLAF no abordaron el caso hasta cuatro meses después, en octubre.
Ese era uno de los principales argumentos de la Diputación en el recurso contencioso-administrativo que presentó contra la decisión del Estado español de reclamar la devolución de los 10,1 millones de euros aportados por la UE para las depuradoras. La institución provincial también negaba una por una las supuestas irregularidades denunciadas por la OLAF, a la que el gobierno provincial llegó a acusar de una actuación «poco profesional». El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estudió el recurso, no entró en el fondo del asunto al ser suficiente con la prescripción defendida por la Diputación, que «impide examinar el resto de motivos alegados».
El Estado tiene ahora un plazo de diez días para recurrir y, si así fuera, el caso llegaría al Tribunal Supremo. Sin embargo, el presidente de la institución ourensana se mostró ayer confiado en que no ocurra. En caso contrario, José Manuel Baltar cree que también se le daría la razón a los argumentos de la Diputación ourensana.
Baltar confía en que la vía penal, con un imputado, también caiga
Aunque, según dijo, la gestión económica de los últimos años habría permitido a la Diputación hacer frente sin problemas a la devolución de los 10,1 millones de euros reclamados por el conocido como «caso depuradoras», José Manuel Baltar reveló su «completa satisfacción» con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ve prescritas las supuestas irregularidades denunciadas. De no presentar recurso el Estado, la vía contencioso-administrativa moriría aquí, pero el caso está siendo también investigado por la vía penal. El presidente de la Diputación ourensana espera, no obstante, que la sentencia conocida ayer contribuya a enterrar también esa investigación, en la que figura como imputado un funcionario de la institución provincial.
Tras el intento del juez instructor que llevaba el caso de cerrarlo, la Audiencia ordenó su reapertura para que sean escuchados los técnicos de la oficina antifraude de la Unión Europea que detectaron las supuestas irregularidades en la contratación de las depuradoras ourensanas, algo que no se había hecho aún.