El fiscal solicita penas que suman un año de prisión para un excoordinador del festival de cine de Ourense
06 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Si en dependencias municipales se llegó a producir una situación de acoso laboral, por la que ayer se vio en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense el excoordinador del festival de cine de la capital, Diego González, la responsabilidad civil subsidiaria ha de atenderla el Concello de Ourense y la Diputación Provincial, dado que ambas instituciones formaban parte del consorcio. Es la tesis que mantienen la acusación pública y privada.
Las reclamaciones de indemnizaciones se mueven entre los 4.000 euros que pide la fiscalía y los 8.000 euros que reclama la perjudicada por daños morales sufridos.
La acusación contra este trabajador municipal se sustenta en una situación de supuesto acosto laboral, que para la fiscalía es constitutivo de un delito contra la integridad moral y otro de lesiones, por los daños psicológicos sufridos por la perjudicada y denunciante. Ambos, en la actualidad, trabajan en distintos departamentos de la administración local al haber accedido a la condición de empleados municipales, al igual que el resto de trabajadores del consorcio del festival de cine, por sentencia judicial.
La vista oral del caso se prolongó hasta las cuatro de la tarde. Entre los testigos compareció la exconcejala Isabel Pérez, que era responsable de cultura durante la etapa del supuesto acoso. No llegó a tener constancia real de esa situación, según sus declaraciones.
El acusado, por su parte, no solo negó las imputaciones sino que atribuyó a la denunciante una actitud «chulesca» que lo haría sentirse «apabullado», una vez que la inspección de trabajo informó de acuerdo con las tesis de la denunciante.
La jueza no aceptó las declaraciones del sindicalista Etelvino Blanco y el exalcalde Francisco Rodríguez, solicitadas por la acusación particular.
Un año de prisión
La fiscalía, aparte de las indemnizaciones, pide penas de seis meses de prisión por cada uno de los dos delitos. La defensa pide la absolución, enfatizando que este asunto nunca debió llegar a juicio.
La Diputación y el Concello de Ourense concurrieron a la vista con el letrado de la institución provincial.