Los inquilinos no podían hacer frente a los gastos derivados del alquiler de piso
03 mar 2015 . Actualizado a las 16:54 h.Una familia de Ourense, con un bebé de un año de edad y otra hija en la adolescencia, ha tenido que abandonar hoy finalmente la vivienda en la que residían en la capital ourensana desde hace un año, esto en régimen de alquiler, y ha ocurrido por no poder hacer frente a los gastos derivados del piso.
La familia contactó con la plataforma Stop Desahucios al no poder asumir el pago de una deuda de 2.170 euros, puesto que solo contaban con una renta de integración social (Risga), y la situación fue de «o asumimos los gastos o pagamos la deuda».
La dueña del inmueble, tras siete meses de impago, puso una demanda de desahucio cuando la familia le dejó de pagar, una situación que se originó cuando ambos se quedaron sin empleo.
Ante las protestas de decenas de ourensanos, que acompañados de pancartas coreaban esta mañana cánticos de «más vivienda social y menos desahucio judicial», la comisión encargada ordenó el desalojo de esta familia que, con la ayuda de integrantes de la plataforma Stop Desahucios, procedió a recoger las pocas pertenencias que tenía.
En medio de este proceso, se vivió algún momento de tensión entre los manifestantes y los agentes, que desplegaron un amplio dispositivo policial, integrado por miembros de la Policía Local y de la Policía Nacional.
La afectada María del Pilar ha lamentado la ejecución de desahucio después de los problemas sufridos en el último año y que ha resuelto con la localización de otro piso tras varios días «buscando» por la ciudad, con el temor «de que alguien me reconociera» ya que afirma que si conocían su caso no se lo alquilaban.
Por el momento, la familia ha encontrado un alquiler más bajo, a falta de resolver algunos problemas. «Todavía no tengo luz y gas, por las prisas», ha detallado María, visiblemente emocionaba, y ha dicho que si ha podido resolver su situación es por la ayuda «de la Plataforma Stop Desahucios de Ourense y no gracias a nadie más».
Por su parte, los miembros de la plataforma antidesahucios han responsabilizado de esta situación no a la propietaria del piso sino a la Xunta de Galicia, a quien acusan de no garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna de cualquier ciudadano del Estado. Actualmente, la familia se encuentra a la espera de una respuesta de la Administración gallega «desde hace ocho meses» sobre una ayuda solicitada.