Más pensionistas, menor pensión

Marta Vázquez Fernández
marta vázquez OURENSE / LA VOZ

OURENSE

Más de un tercio de la población ourensana cobra cada mes del Estado

29 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

En una provincia en la que la mayor parte de los indicadores que tienen que ver con la población evolucionan en sentido negativo, hay algunos que cada año crecen en positivo. Uno de ellos, tal vez el más llamativo, es el que tiene que ver con el número de pensionistas, que en Ourense aumenta año tras año. Tanto es así que en los últimos doce meses este capítulo se ha incrementado en un 1,6 %, siendo ya 109.683 las personas que residen en la provincia y que cobran alguna prestación fija del Estado. El dato, que hace un año estaba en 109.193 personas, nos recuerda que los pensionistas ya son más de un tercio de la población, que según el INE es actualmente de 322.293 habitantes.

Incapacidad permanente, viudedad, jubilación, orfandad y favor de familiares son las modalidades que sostienen los subsidios, siendo el grupo más importante el de las personas mayores de 65 años con derecho a pensión.

Y aunque la suma total parece importante, resulta que la provincia es una de las que menos cuesta al Estado en esta materia y sus pensionistas, por tanto, de los más empobrecidos. Así, los 642 euros que, como media, percibe un ourensano, están muy lejos de la media nacional, situada en 879. De hecho, la situación en este capítulo es tan negativa que la cifra es la más baja no solo de Galicia, sino de todo el territorio nacional.

Por poner un ejemplo, un jubilado local percibe mensualmente unos 702 euros, mientras que uno que reside en Lugo cobra 732 y otro de Pontevedra puede llegar hasta los 896. Fuera de Galicia tampoco hay consuelo. En todas las provincias se superan los 800 euros, pero la mejor remuneración se la llevan los jubilados vascos, con 1.250.

El 63 % de los que reciben prestación son personas mayores de 65 años

 

El grueso más importante de quienes perciben dinero de la Seguridad Social lo componen en la provincia de Ourense los mayores de 65 años, siendo el 63 % del total. De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Empleo esta misma semana, 69.446 habitantes se encuentran en esta situación, con un sueldo medio de 702 euros, apenas diez euros más de lo que percibían hace un año. Le sigue en importancia el grupo que conforman quienes cobran prestación de viudedad, que son actualmente 26.437 personas. La cuantía media de lo que ingresan del Estado está fijada en estos momentos en 465 euros mensuales.

La incapacidad permanente ampara, en estos momentos, el pago a otros 9.800 ourensanos, con una cantidad mensual media de 797 euros. Esta cuantía se reduce a 358 euros en el caso de las pensiones de orfandad -hay concedidas 2.832 en la provincia- y llega hasta los 451 para quienes tienen derecho al favor de familiares, una prestación que se concede a aquellos allegados que hayan convivido y dependido económicamente de alguien, tras la muerte de este.

 

 

Un problema para la economía

 

El alto índice de envejecimiento poblacional que se desprende de todas estas cifras oficiales es un problema que preocupa a los expertos del ámbito económico. Precisamente, sobre esta cuestión se ha preguntado en el último barómetro de economía, realizado por el Consello Galego de Economistas y presentado hace dos días en la capital ourensana.

De hecho, el 15,9 % de los encuestados, que pertenecen a los cuatro colegios de la comunidad gallega, asegura que se trata del principal problema de Galicia, mientras que otro 60 % de preguntados lo ha valorado también como una cuestión importante.

Es significativo, además, que los profesionales que residen en las provincias de Lugo y Ourense -los dos territorios más afectados- sean los que ven el envejecimiento poblacional y los bajos niveles de natalidad como una cuestión sobre la que se deben tomar medidas, ya que consideran que se ha convertido en una cuestión importante de cara al futuro. Además, no creen estos expertos que el problema se pueda solucionar con población inmigrante, al contrario de lo que sí opinan colegiados de A Coruña y Pontevedra.