El recurso al Tribunal Supremo incluye la solicitud de que sea excarcelado en tanto la sentencia del pasado mes de octubre no sea firme
25 ene 2015 . Actualizado a las 20:00 h.Cumplirá en verano tres años de prisión el camionero de origen portugués condenado por la Audiencia de Ourense el pasado mes de octubre por el secuestro y violación de una chica de 16 años el día 15 de julio del 2012. La había cogido de madrugada al final de la avenida de Marcelo Macías y la había llevado a una casa de su expareja sentimental ya en Portugal. Las penas suman catorce años de reclusión. La sentencia ha sido recurrida en casación al Supremo, con una petición expresa de libertad provisional, sin que, hasta la fecha, el alto tribunal haya fijado fecha para la vista. La fiscalía quiere que se confirme la sentencia de Ourense.
Lamenta el defensor que no se le hubiera admitido como prueba el registro de llamadas entrantes y salientes en el teléfono de la víctima tanto el día de los hechos como los inmediatamente anteriores y posteriores. Como quiera que ha tenido una gran relevancia el testimonio de un amigo de la chica, que estarían hablando por teléfono cuando ella fue abordada por el acusado, «quedando acreditada su inexistencia, tal y como se desprende de la inmutable declaración de Joaquín Manuel Oliveira, tal elemento corroborador caería por su propio peso». Esta prueba demostraría, según sostiene el letrado, José Luis Carnicero, la inocencia del acusado, que en todo momento vinculó lo ocurrido con un caso puntual de sexo por dinero.
No deja de insistir en el defensor del acusado en móviles espurios, dando tal consideración a los económicos, que condujeron a una indemnización de 30.000 euros en esta sentencia.
Estima la defensa, igualmente, que la ausencia de lesiones echa por tierra la versión de la menor, en el sentido de que había atado y también golpeada y arrastrada, llamando también la atención sobre la superficialidad de las lesiones vaginales y perianales, «compatibles con una relación consentida».
No elude el abogado de este acusado entrar en el alcance de la supuesta contraprestación económica, al haberse dicho que doscientos euros era una cantidad insuficiente para llevar a una menor a iniciarse en esta actividad. «Desconocemos cual es la cifra y situación económica que llevaría a cualquier persona a prostituirse, no consideramos desmerecedora de tal consideración los 200 euros ofrecidos y aceptados» en este caso, según dice en el recurso, con referencia a la «perentoria situación económica de su familia».
El abogado censura, por otra parte, la forma en que se prolongó la situación de prisión y cómo el pasado verano fue negada la última petición de libertad provisional. «No se podía acordar en base a la nacionalidad portuguesa del acusado, sin más fundamentación, y sin que se pronunciaran acerca de las dilaciones en que venían incurriendo».