El juez archiva el caso de las depuradoras frente a la tesis de la oficina europea contra el fraude
OURENSE
Con un «sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones en cuanto al procedimiento de licitación y adjudicación de las plantas depuradoras incluidas en los proyectos Daredo y Deputrans» promovidos por la Diputación de Ourense, ha quedado zanjado el llamado caso depuradoras que salpicaba a la institución provincial. El instructor de la causa, el magistrado Antonio Piña, que ayer tomó posesión como presidente de la Audiencia, ha cerrado el caso sin conceder valor penal alguno a aspectos que había resaltado la OLAF, la oficina de lucha contra el fraude de la Unión Europea.
Las dudas sobre esta gestión de la Diputación provincial fueron objeto de tres denuncias distintas. Se aludía en ellas a la predeterminación del procedimiento de contratación y adjudicación de las depuradoras que se adquirieron por la Diputación Provincial de Ourense dentro del proyecto Daredo, subvencionable con fondos europeos Feder. La primera sugería que los requisitos técnicos se correspondían con requisitos de las depuradoras pertenecientes a la empresa SMA. Archivada en el año 2009, se reabrió el caso por otras dos denuncias, una del BNG y otra del PSOE, basadas en un informe de la OLAF, en el cual se hacía mención a una serie de irregularidades y se avanzaban eventuales responsabilidades penales. Extendía las conductas a los contratos de asistencias técnicas para las depuradoras, a favor de las firmas SMA y Netglobal.
Aludía la OLAF, como recoge el auto del juez Piña, a presuntas irregularidades en los requisitos exigidos, el manejo de información confidencial o precios desproporcionados. No halla el instructor tales irregularidades.
Piña Alonso sostiene que no tiene incidencia penal la exigencias de características técnicas accesorias, que para la OLAF suponían una restricción de la competencia, «pues se trata de una circunstancia que solo tendría relevancia penal si estas características fuesen predeterminadas hacia una empresa, algo de lo que no existen indicios».
A pesar del archivo del caso en cuanto a la licitación y adjudicación de las depuradoras, el juez ha resuelto mantener las diligencias previas para averiguar «si concurre ilicitud penal» en la adjudicación de las asistencias técnicas a Netglobal en enero del 2004. Al no haber sido localizado el responsable de esta empresa, por lo que la investigación en este apartado se atascó, el instructor reclama de la Seguridad Social listado de trabajadores entre diciembre del 2003 y enero del 2004 para completar el caso y tomarles declaración.
El informe de la OLAF que el juez desautoriza es el mismo que ha servido al Gobierno para reclamar a la Diputación el retorno de 10,1 millones de euros. Esta cantidad no ha sido devuelta, al estar pendiente de un recurso de la institución provincial.
Mantiene las diligencias a la espera de oír al representante de otra firma