La guerra abierta que la CIG mantiene con los gestores del entramado empresarial de Aspanas, iniciado en Amencer Reciclado -donde tenía mayoría de representación sindical- y ahora extendido a Aspanas Termal, dio ayer un nuevo paso. Entra en el ámbito penal. La CIG ha presentado una querella contra las cuatro personas a quienes considera responsables de la gestión de Amencer Reciclado en los últimos años: Juan Luis Díaz Pulido, Juan José Rodríguez, María Jesús Petra Román y Rosa Carballo Carrera. El sindicato aprecia indicios de delitos contra los derechos de los trabajadores por imposición de condiciones lesivas, fraude en subvenciones, falsificación de cuentas anuales y alzamiento de bienes, vinculados con el procedimiento concursal y el ERE que dio lugar a la desaparición de esa empresa.
Sostienen, entre otras cosas, que en los balances facilitados por Amencer Reciclado de los años 2011 y 2012 se identifican subvenciones por importe de 673.000 euros, cuando el DOG muestra que en ese período recibió ayudas y subvenciones por importe total de 1,34 millones.
La cesión del cámping de Untes a Aspanas Termal es otra de las presuntas irregularidades que piden al juez que investigue.