El alcalde de O Barco está imputado por prevaricación tras una denuncia del PP por los contratos de la ORA y la limpieza
23 nov 2014 . Actualizado a las 04:50 h.El fiscal no ha apreciado delito, al menos hasta ahora, en las actuaciones llevadas a cabo por el alcalde de O Barco, Alfredo García, en los contratos de gestión de la ORA y del servicio de limpieza de edificios municipales. Así lo recoge en un escrito que elaboró a petición del titular del juzgado número 1 barquense, que tramita la denuncia interpuesta por los siete concejales del PP contra García por haber tenido ambos servicios sin contrato, lo que le supuso numerosos reparos por parte del interventor municipal (69 de carácter suspensivo, que el alcalde levantó con su firma para hacer efectivos los pagos del servicio de limpieza).
El escrito del fiscal recoge que la misma denuncia, por los mismos hechos, había sido presentada por las mismas personas en junio de 2013, con la salvedad de que esta vez se incluía también lo relativo a la adjudicación del servicio de limpieza. En aquella ocasión, los populares interpusieron la denuncia directamente en fiscalía, no a través del juzgado, como sí hicieron el pasado mes de abril. Y el fiscal recuerda también en su escrito que en aquella primera ocasión el ministerio fiscal llevó a cabo «una exhaustiva investigación» que terminó con el archivo de la denuncia por parte del fiscal jefe de Ourense. En aquel decreto, tal y como recuerda el fiscal, «se pone de manifiesto, resumidamente, que si bien la actividad llevada a cabo por el grupo municipal ha estado fuera de la legalidad por una omisión, esto no supone que dicha conducta sea delictiva penalmente».
El documento del fiscal está fechado en mayo, e incluido dentro de las diligencias previas abiertas por el juzgado de O Barco. Desde entonces, el juez ha continuado con la investigación y, además de llamar a declarar hasta a cinco técnicos municipales, finalizó la ronda de declaraciones con el propio alcalde, Alfredo García, que acudió al juzgado en calidad de imputado por malversación de fondos y prevaricación el pasado mes de octubre. Después de ese momento, el juez pidió de nuevo al fiscal que se pronunciase, punto en el que se encuentra ahora el proceso.