Las concesiones del Concello de Ourense están dando mucho que hablar en los últimos meses. Arrastradas por la crisis económica y por la reducción del margen del beneficio al ajustar al máximo las ofertas para llevarse los contratos, los conflictos laborales se suceden en las que tienen un componente social. La que está en plena ebullición en la actualidad es el servicio de limpieza de colegios dependientes del Concello de Ourense. Gestionados por Linorsa, el impago de la mitad de la nómina de octubre ha lanzado a la huelga a las trabajadoras. Mañana habrá una reunión entre empresa y sindicatos para buscar un acuerdo que ponga fin a un paro que ya pone en riesgo la apertura de comedores escolares, como es el caso del de Seixalbo.
El conflicto de Linorsa no es una excepción. Recientemente se produjo una movilización laboral en otra concesión de limpieza, en ese caso de los edificios municipales. Seralia trató de despedir a tres empleados nada más hacerse con el contrato, lo que provocó una oleada de protestas que frenó esas intenciones. Los conflictos laborales tampoco han sido ajenos al servicio de ayuda a domicilio, que ahora cambia de manos, y que motivó diferentes acciones de protesta.
Este escenario ha encendido el debate político. El BNG, por ejemplo, ha solicitado en reiteradas ocasiones la municipalización de varios de estos servicios para evitar que las empresas incumplan sus obligaciones económicas con los trabajadores.
La otra cara de las concesiones es la de las vinculadas a infraestructuras. Los mencionados párkings y cafeterías viven sin sobresalto ante una asequible tasa anual. Lo mismo sucede con la plaza de abastos -la asociación paga un canon anual al Concello de Ourense de 33.540 euros- o las pozas termales -la contrapartida económica en este caso es de 20.000 euros-.