La junta de compensación del polígono de la zona 4 del SU 25 del PGOU de 1986 presentó el miércoles un escrito en el Concello de Ourense para reclamar que se ponga a su disposición el aval incautado a la empresa concesionaria de la residencia, una vez que esta no cumplió con el compromiso de urbanizar una zona de 4.500 metros cuadrados. «Sería una ilegalidad manifiesta, cuando menos constitutiva de un delito de prevaricación, y muy posiblemente de otro de apropiación indebida, retener la garantía constituida y depositada en las arcas municipales, y negar su puesta a disposición de la junta de compensación», indicaron en el escrito presentado en el Concello de Ourense y que está firmado por Bautista Rodríguez. El importe de esa fianza es de 162.874 euros.
En ese mismo escrito, aseguran que las obras de urbanización en el entorno de la residencia comenzarán de manera «inmediata, una vez seleccionado el contratista que se encargará de su realización».
La residencia, precintada
Esta maraña judicial entre los promotores urbanísticos de la zona y el Concello de Ourense ha acabado con la residencia universitaria, que tiene capacidad para 200 alumnos, precintada y sin uso a la espera de que se ejecuten las obras de urbanización. En la vía judicial, la edila de Urbanismo y el técnico que informó a favor de conceder la licencia de ocupación están imputados.