Hallaron el fajo frente a su portal y, como en 2 años nadie lo ha reclamado, es para ellos, pero el Ayuntamiento no se lo da
09 may 2014 . Actualizado a las 13:08 h.El 19 de septiembre del año 2010 sonó el timbre en la casa de Natacha, que convivía con su pareja de origen senegalés en un piso de la calle Ervedelo de la capital ourensana. Al abrir la puerta no vio a nadie, pero oyó pasos en las escaleras y descubrió una caja sobre el felpudo de entrada. Se asustó por miedo a que se tratara de explosivos y llamó a la Policía. Dentro había 260 billetes de 500, es decir, 130.000 euros. La ley española dice que si en el plazo de dos años nadie reclama ese dinero, es para quien lo encontró y así ha sido, pero la pareja ourensana que tuvo esa suerte aún no ha ingresado esa jugosa suma.
La Policía investigó el caso, pero no consiguió aclarar a quién podía pertenecer ese dinero, que fue depositado en el Concello de Ourense. Así lo establece la ley para este tipo de «objetos perdidos», siendo el alcalde el máximo responsable de su custodia. También es el Ayuntamiento quien debe publicar dos anuncios para buscar al propietario y así ocurrió, pero nadie reclamó esa suma. Pasaron los dos años que marca la legislación y Natacha y su pareja deberían haber cobrado ya, pero se han encontrado con la «inexcusable dejación de funciones» del gobierno local. El entrecomillado pertenece al juez Francisco de Cominges, del Juzgado contencioso-administrativo número uno de Ourense.
Los descubridores del dinero, al no recibir respuesta a sus reclamaciones administrativas, han iniciado una batalla legal para quedarse con los 130.000 euros. Pero se equivocaron de juzgado. Ese es al menos el criterio de Francisco de Cominges, que concluye que la demanda debía tramitarse en la jurisdicción civil. El caso no se cierra ahí ya que los denunciantes tienen ahora quince días para decidir si presentan o no recurso.
Además, el juez de lo contencioso-administrativo viene a dar la razón a los demandantes y no ahorra críticas a la gestión que de este tema ha hecho el Concello, que a lo largo del proceso judicial «se limitó a manifestar que se desentendía totalmente del asunto», dice la sentencia conocida ayer. De hecho, el Ayuntamiento ingresó los 130.000 euros en una cuenta del Juzgado, pero este se los devolvió porque es el gobierno local quien tiene que entregárselos a Natacha y su pareja.
Un juez destaca la «inexcusable dejación de funciones» del gobierno local
Los descubridores del dinero han iniciado una batalla legal para quedárselo