El magistrado reclama al Concello el expediente de la última etapa del PP
25 abr 2014 . Actualizado a las 07:20 h.La investigación judicial sobre la gestión del servicio de ayuda a domicilio se amplía. El juez Antonio Piña ha decidido ver cómo se hacían las cosas en el período inmediatamente anterior al que inicialmente ha analizado. Y si desde que recibió la denuncia de Democracia Ourensana se centró en el período de 2007 al 2011, habiendo encontrado indicios de los delitos de malversación y estafa en la concejala de Benestar Social Marga Martín, los empresarios José Fermín Troncoso y Alberto López (exsocios en la UTE Troncoso Saludges) y cinco empleados municipales, ahora ha decidido que también revisará cómo se actuó en los últimos años de gobierno municipal del PP.
El juez quiere que el Concello de Ourense le envíe distintos documentos en relación con la ayuda a domicilio entre los años 2001 y 2007. En ese período prestó el servicio Euxa Servicios Sociosanitarios, una división del grupo de empresas Eulen. La petición del juez incluye el pliego completo de las cláusulas administrativas y condiciones particulares de la adjudicación de 2011, copia del contrato y expedientes de modificación que se hubieran suscrito durante su vigencia hasta el año 2007. Reclama, igualmente, la memoria presentada por la adjudicataria e informe técnico de valoración de las ofertas que sirvió de base para la adjudicación a esta empresa y no a otra.
Procedimientos idénticos
La reclamación del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense obedece a una petición que en tal sentido ha formulado uno de los empresarios imputados, Alberto López. Aludía en su solicitud a que se trata de un aspecto «indispensable para su defensa», decía, «dada la falta de normas específicas para la gestión administrativa acreditada durante la instrucción y dado el valor que a la práctica administrativa haya de atribuirse». Esta parte, al igual que ha hecho en todo momento la concejala, sostiene que en el período investigado se mantuvo una forma de trabajar idéntica a la etapa anterior.
Con la revisión de la adjudicación del 2001 trata esa misma parte de demostrar que algunas ofertas y mejoras incluidas y valoradas en la adjudicación, determinantes en algún caso, tampoco llegaron a ponerse en marcha en la etapa anterior.