El polémico nombramiento de la directora de personal de Ourense llega al juzgado

Caídas en saco roto las reiteradas peticiones de dimisión que plantearon los sindicatos USO y CIG, tampoco tuvieron éxito las reclamaciones al alcalde Agustín Fernández para que destituyera a la directora xeral de recursos humanos del Concello de Ourense, Carmen Rodríguez Dacosta. Ni siquiera minó la moral de la afectada que la hubiesen incluido las mismas organizaciones en la denuncia penal por las asistencias externas, acompañando al alcalde, al exregidor Francisco Rodríguez y a la concejala Áurea Soto, que esta semana han declarado como imputados. A Rodríguez Dacosta le han abierto esta semana otro frente, con un contencioso en contra de su designación como directora de recursos humanos el pasado verano.

Secretaria de la agrupación local del PSOE, que es en clave partidista el puntal básico del alcalde Agustín Fernández (como antes de su antecesor), Rodríguez Dacosta está abiertamente distanciada del grupo de los concejales pachistas, que empezaron a dar muestras de ruptura a raíz de su nombramiento. El contencioso lo anunció en esta ocasión USO en solitario.

Los denunciantes, que resaltan la existencia de informes del interventor contrarios al nombramiento, entienden que el gobierno local incurrió en desviación de poder al haber creado una plaza -con apariencia de concurso público- para dar continuidad como responsable de personal a la misma persona que lo asumía con anterioridad. Era concejala no electa, hasta que una sentencia del Tribunal Constitucional eliminó la figura del concejal no electo.

En el contencioso, que busca la anulación del nombramiento para que Rodríguez Dacosta abandone el Concello, se asegura que estos puestos están reservados para funcionarios y que la tramitación la avaló una persona a quien ella había contratado previamente.

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