El regidor, su antecesor, una concejala y la directora xeral de personal fueron denunciados por supuesta prevaricanción en la contratación de asistencias externas
22 abr 2014 . Actualizado a las 04:23 h.Después del paréntesis vacacional de la Semana Santa, el palacio de justicia de Ourense ha recuperado su posición como uno de los escenarios de la vida política municipal de Ourense. El alcalde, Agustín Fernández Gallego, ha comparecido como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 por una denuncia sindical por supuesta prevaricación a causa de las llamadas asistencias externas, esto es, contrataciones directas de profesionales para hacer frente al trabajo diario. La acusación se dirige en particular al área de Urbanismo, al afirmar los denunciantes que la concejala Áurea Soto priva de trabajo efectivo a los funcionarios y al personal municipal.
La primera en declarar fue la concejala Áurea Soto, que compareció una media hora ante el juez, mientras el alcalde esperaba su turno. Agustín Fernández fue el único que hizo declaraciones a los medios a su llegada. En su opinión, la denuncia es «parte da política da oposición que instrumentaliza a xustiza con intereses partidistas». Aseguró que los contratos son legales, que así lo recoge la legisltación. También explicó que llama la atención que la Conta Xeral de la Comunidad Autónomoa del 2012 recoge que unas 500 personas han accedido a puestos en la Administración por una vía semejante. Añadió que, en el caso de Ourense, las contrataciones vinieron obligadas por la carga de trabajo derivada del nuevo plan de ordenación urbanística.
Coincidencia con un conflicto laboral en el concello. En la misma línea se manifestó ante el juez. Hacia las doce y media habían concluido las tres declaraciones previstas para hoy.
Esta denuncia la promueve el sindicato CIG, con el apoyo de USO, que es la organización con más delegados en la junta de personal del Concello de Ourense. La acción judicial coincidió en el tiempo, según han resaltado desde medios del gobierno local, con el rechazo a la petición de compatibilidad laboral que pidió el secretario de la sección sindical de la CIG, que es asesor jurídico adjunto, para impartir docencia como profesor asociado de la Universidad de Vigo en jornada laboral ordinaria. El debate de la compatibilidad no solo dio visibilidad a las diferencias en el grupo socialista, al apoyar al funcionario el sector pachista, sino que ha sumado esta segunda variable.
La denuncia se dirige también al exalcalde, Francisco Rodríguez, que autorizó la política de la concejala de Urbanismo, Áurea Soto. Esta última y la directora xeral de personal, Carmen Rodríguez Dacosta, también están citadas como imputadas, aunque Rodríguez Dacosta no lo hará hoy.
Esta instrucción judicial dejó su primer apunte para la polémica al haber citado el juez a cinco trabajadores que se han beneficiado de esta política de contratación y que, tras reclamar sus derechos laborales, han visto reconocida su condición de empleados municipales.
El supuesto exceso de contratos para asistencias externas había sido ya denunciado durante el mandato de la anterior corporación local por el PP, que entonces era el único partido en la oposición frente al bipartito PSOE-BNG. Los populares han intentado personarse en esta causa por supuesta prevaricación como acusación particular, aunque en un primer momento el juez no lo autorizó.