La reforma judicial genera dudas sobre su aplicación en Ourense

Pepe Seoane OURENSE

OURENSE

MIGUEL VILLAR

El presidente de la Audiencia cree que no desaparecerán juzgados

20 abr 2014 . Actualizado a las 07:25 h.

El debate sobre las sedes judiciales está desenfocado. La amenaza de que desaparezcan juzgados en la provincia de Ourense resulta excesivamente alarmista. Eso es lo que, con matices, comparten los participantes en un encuentro sobre la situación de la justicia convocado por La Voz de Galicia. Puestos a buscar un ejemplo extremo que lleve a calificar de «absurda» gran parte de esta polémica, resulta ilustrativo el caso de Vigo. Que esta ciudad se vaya a quedar sin sede judicial es algo que no pasa por la cabeza de nadie. De un extremo a otro, tampoco parece que vayan a desaparecer los de Bande o Trives, que son dos de los casos de la provincia de Ourense en la situación potencialmente más delicada por razones puramente demográficas, al menos desde la interpretación más catastrofistas. Con todo, el representante de la junta de personal de la administración de justicia, Teodoro Fernández (UGT), muestra dudas.

Derechos generales

Superadas las reticencias del sindicalista, el abogado Jorge Temes resalta que una cosa es la justicia como maquinaria de la administración y otra muy distinta la justicia como derecho. «El ciudadano tiene derecho a una justicia cercana», dice el letrado ourensano. «No creo que a corto y a medio plazo lleve la reforma a la desaparición de juzgados», apunta el presidente de la Audiencia, Fernando Alañón, quien, con una visión más global, no solo limitada al ámbito judicial, llama la atención sobre el riesgo del abandono del territorio. «No se fija población en el medio rural con polideportivos», advierte el magistrado.

Adaptación a las necesidades

Luis Menor, el secretario de la delegación territorial de la Xunta y profesional de la administración de justicia con destino actual como secretario del juzgado de primera instancia 3 de Ourense, cree que la clave está en adaptarse a las necesidades y a las exigencias reales. Con los medios adecuados. Ocurre con el Imelga, el Instituto de Medicina Legal de Galicia, como con la administración tributaria, en pos del mejor aprovechamiento de recursos. Por qué a un vecino de Pereiro, citando un caso concreto y real, no le van a tramitar un asunto desde la oficina de O Carballiño, aunque sobre el papel debería ser desde Ourense, se pregunta el representante de la Xunta.

José Luis Roig, secretario de uno de los juzgados de lo social de Ourense, que son ejemplo de eficiencia y buen funcionamiento, con períodos de tramitación de un mes, también cree que se están explicando mal las cosas. «No conozco a nadie que quiera cerrar juzgados», sostiene.

Trae el proyecto de reforma, con todo, un efecto que Fernando Alañón considera «muy positivo», la ruptura de la unidad juez-juzgado. La desaparición de partidos juzgados y la creación de los tribunales de instancia, que es donde está una de las novedades, abre la posibilidad a una optimización de recursos, dicen. Y si un juzgado de la provincia está en cincuenta casos y otro de Ourense está en seiscientos, por qué aquel juez no va a dar apoyo al de la capital y contribuir a la mejora efectiva de la justicia como unidad.

Descartada la posibilidad de crear nuevos juzgados, para los casos puntuales de saturación se ven soluciones individualizadas.