La relación entre políticos y funcionarios no pasa en el Concello, en algunos casos, por su mejor momento. Agustín Fernández cuestionó públicamente la actuación de personal municipal en el expediente sobre las aceras de su casa. También lo hizo por escrito, ya que los incluyó en un documento de alegaciones para evitar que el gobierno local le reclame la devolución de 10.600 euros. Pese a renunciar a defenderse para que no se considere una presión, no se resistió a hacer un par de consideraciones sobre el acuerdo que se llevó a aprobación el pasado martes: «Ello (en referencia a la renuncia a alegar) en absoluto significa la conformidad con el acuerdo adoptado, ni con el que parece va a adoptarse vista la precipitación e improvisación con la que se está actuando». Este comentario fue considerado por la funcionara instructora del caso como un ataque a su labor: «Habida conta das suspicacias vertidas sobre a miña profesionalidade é polo que entendo sería convinte que a Xunta de Goberno Local non procedera a votación dos asuntos que se levan o orde do día, así como ao nomeamento dun novo instrutor». Esta recomendación no fue tenida en cuenta y se procedió a la votación En esa sesión no estuvo presente Mónica Vázquez, edila del grupo díscolo.