El presidente obedece al secretario y revoca la anulación del contrato
16 abr 2014 . Actualizado a las 07:25 h.Al contrario de lo que ocurre en otras instituciones no muy lejanas, no es habitual que los funcionarios de la Diputación de Ourense cuestionen las decisiones adoptadas por el gobierno provincial. Sin embargo, ha ocurrido así con la reciente adjudicación de la gestión de la Escola de Equitación de Vilamarín. El pasado mes de enero, el presidente, José Manuel Baltar, firmó una resolución para anular la concesión de ese servicio a la empresa Equus-Ourense basándose en diversos incumplimientos de contrato y ordenó entregar la escuela a la compañía que había quedado segunda en el concurso público convocado en el año 2012. Esa decisión la tomó, según concluye el secretario, cometiendo «dos irregularidades de tipo jurídico-formal».
La ley establece que, cuando se trata de la resolución unilateral de un contrato de duración superior a cuatro años (éste lo era de diez prorrogables a quince), esa medida debería haberse aprobado en el pleno de la corporación. «Ello determina la existencia de un vicio de nulidad de pleno derecho», argumenta el secretario de la Diputación, Francisco Cacharro, en el informe que ha elaborado sobre este asunto.
Además, al haber formulado alegaciones la empresa afectada, la institución provincial debía haber solicitado un informe al Consello Consultivo de Galicia y «ello determina un segundo vicio de forma», añade el funcionario. Cacharro concluyó que, «a la vista de la entidad de las infracciones formales señaladas», el presidente provincial debía revocar la resolución en la que acordó anular el contrato con Equus-Ourense. José Manuel Baltar aceptó esa recomendación en todos sus términos y ahora mismo esa empresa es la que gestiona la Escola de Equitación de Vilamarín.
Esta medida afecta a la concesionaria a la que el máximo responsable de la institución había acordado adjudicar el contrato (una UTE de Juan José Casadevall y Roberto Turnes). El secretario advierte de la «ilegalidad sobrevenida» de esa adjudicación y alerta de que esa empresa tendrá que ser indemnizada.