Un año después de que la empresa de inserción laboral de discapacitados Amencer Reciclado cesase en su actividad y anunciase la tramitación de un ERE, y seis meses después de que un auto del Juzgado Mercantil de Ourense certificase la extinción de los contratos de una treintena de trabajadores, la justicia vuelve a dar un vuelco a la situación de los afectados.
Según anunciaba ayer la CIG, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia -ante el que recurrió el sindicato contra el despido que reconocía únicamente a los trabajadores 20 días por año trabajado- ha anulado la sentencia del Juzgado Mercantil.
Este nuevo dictamen judicial lleva a una situación complicada para los trabajadores que, en principio, vuelven a pertenecer a la empresa impulsada por la Fundación Aspanas, pero que ya no existe.