Un informe del 2012 ya advertía al alcalde de Xinzo de irregularidades

Miguel Ascón Belver
MIGUEL ASCÓN OURENSE / LA VOZ

XINZO DE LIMIA

La entonces interventora instaba al regidor a frenar las contrataciones

17 dic 2013 . Actualizado a las 06:55 h.

Tras recibir cinco sentencias que anulan sus contrataciones y ven indicios de prevaricación en su proceder, el alcalde de Xinzo de Limia, Antonio Pérez, dijo en su defensa que desconocía los informes desfavorables que elaboró el exsecretario municipal. El regidor, del PP, ha anunciado una denuncia por la falsificación de las fechas de esos documentos. Sin embargo, Pérez ya había sido informado previamente de que no debía realizar más contrataciones. Y lo hizo otro funcionario diferente.

Fue a principios del 2012, antes de suscribir todos los contratos por los que el Concello acaba de ser condenado. El día 3 de enero de ese año la entonces interventora -Carolina Cortón, que ya abandonó el Ayuntamiento de Xinzo- firmaba un informe en el que advertía de todas las irregularidades que más tarde han fundamentado las citadas sentencias.

La funcionaria presentaba reparos contra el pago de las nóminas de diciembre del 2011 por diversas circunstacias, especialmente la existencia de nuevas contrataciones o prórrogas «sen que previamente se consultase a esta intervención sobre a existencia de crédito e sen facilitarlle o expediente», dice. Advierte, además, que no se han aplicado las bases de selección de personal que el Concello de Xinzo tiene aprobadas y que exigen un concurso de méritos y la publicación de la oferta de empleo. En este sentido, la funcionaria recuerda que «todos estes trámites son necesarios para garantir os principios constitucionais de acceso ao emprego público».

De hecho, la funcionaria explica que esta situación «pode levar á situación de indefinición dos traballadores». Eso es, precisamente, en lo que se basan las sentencias ahora conocidas para apreciar indicios de prevaricación en la actuación del alcalde. «Existen unha serie de contratos [...] que se concatenan coas correspondentes prórrogas, co perigo que isto supón», dice la funcionaria. Una de los fallos judiciales -aunque todos usan argumentos similares- dice, precisamente, que el Concello tenía la «finalidad fraudulenta de mantener indefinidamente en nómina a cargo del erario público municipal a una determinada persona mediante la sucesión encadenada de contratos laborales temporales».

Problemas para pagar la luz

La interventora recuerda que la grave situación económica del Concello obligó a aprobar un plan de saneamiento que incluía la congelación de la oferta de empleo, que se estaría incumpliendo con esas contrataciones o prórrogas. Los gastos en salarios, según dice, «son moi elevados», por lo que insiste en «na necesidade de non contratar» y refleja esas dos últimas palabras en mayúsculas. Solo de ese modo el Concello podría hacer frente a sus pagos teniendo en cuenta que, según dice, «existe un grave problema de tesourería que está provocando que non se poida atender en prazo gastos prioritarios como luz, teléfono, gasolina e outros».