Pide a la Fiscalía que investigue un «irregular sistema de contratación»
28 sep 2013 . Actualizado a las 09:59 h.Un juez de Ourense remitirá a la Fiscalía los testimonios de un juicio por impago -cuando la sentencia sea firme- para que el ministerio público compruebe si el Concello de O Carballiño pudo haber cometido, de forma continuada, delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, en la época en la que Pachi Vázquez, todavía secretario general del PSdeG, era alcalde del concello ourensano.
La decisión la ha tomado ante el elevado número de casos que están pasando por los juzgados de lo contencioso administrativo de Ourense en relación con el Ayuntamiento, tras la entrada en vigor de la ley de pago a proveedores. Esos procesos, según el juez, dejan en evidencia que en O Carballiño, durante varios años y bajo gobiernos socialistas, era práctica continuada la contratación directa y verbal, sin ningún tipo de procedimiento, ni reserva de crédito, con la idea de remunerar el servicio mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito: «Son ya numerosos los litigios tramitados en los que se pone en evidencia la práctica continuada en dicha administración local de tan irregular sistema de contratación en beneficio de determinados contratistas con prejuicio a sus posibles competidores y al propio interés público que la normativa presupuestaria y de haciendas locales pretende salvaguardar», destaca en la sentencia, añadiendo que en el caso del Concello de O Carballiño esa normativa ha sido «flagrantemente omitida».
En los últimos dos años han sido numerosas las empresas que han reclamado en el Concello de O Carballiño facturas pendientes de pago que no constan en el Ayuntamiento y que datan de esa época (los últimos tiempos de Pachi Vázquez como regidor y los primeros de su sucesor, Carlos Montes). A uno de esos casos se refiere la sentencia del 24 de septiembre, de la que se extrae la petición a la Fiscalía. Se trata del impago de doce facturas a una empresa de obra pública por valor de 66.569 euros, más 47.709 de intereses. En la sentencia se explica que todas las partes del proceso dan por cierto que realizó trabajos de pavimentación de calles que señala en su demanda y que fueron concluidos en el 2003.
Además, añade que se hicieron en base a los encargos realizados directamente por el entonces alcalde, Pachi Vázquez, o el concejal de Vías y Obras, «sin previa formalización de contrato, ni fiscalización, ni retención de créditos». También se considera probado que los trabajos se concluyeron en el año 2003, recibiendo el concello la obra sin objeciones. Cabe destacar que entre la valoración positiva de estas obras (diciembre del 2002) y la presentación de las facturas (noviembre del 2003) se celebraron elecciones municipales.
En octubre del 2005 la junta de gobierno del Concello acordó asumir la deuda por la vía de reconocimiento extrajudicial de crédito. En ese momento, Vázquez ya era conselleiro de Medio Ambiente. Pero el dinero nunca llegó y la empresa se acogió al pago a proveedores de las entidades locales esperando una remuneración que, por ahora, no recibirá porque el recurso fue desestimado.
«Para las autoridades locales, esta práctica de contratar directa y verbalmente sin procedimiento alguno, ni reserva de crédito, con la idea de que luego se remunere el servicio prestado mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito podría acarrearles la imputación de un delito de prevaricación o de malversación de fondos públicos».