El incidente ocurrido en la calle Ribeira de Canedo de la capital ourensana en la madrugada del 8 de junio del 2008, ha motivado que un agente de policía y un ciudadano se sienten en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. Lo que comenzó siendo una actuación rutinaria destinada a la identificación de un ciudadano sobre el que, sospechaban los agentes, podía recaer una orden de alejamiento, terminó con un arresto y dos denuncias, una por parte del agente y otra por parte del ciudadano. El primero, el funcionario policial, asegura haber sido víctima de una agresión por parte de Miguel F. B., quien le habría propinado una patada y un codazo, al resistirse a ser detenido. El fiscal, le imputa por estos hechos un delito de atentado y una falta de lesiones, por los que reclama una condena de 15 meses de prisión y una multa.
Este, por su parte, acusa al agente, José Antonio Á. V., de haberlo reducido sin justificación y utilizando la fuerza, y de haberle propinado patadas en el costado y los hombros. Su letrado aprecia los delitos de detención ilegal, denuncia falsa y lesiones, por los que reclama tres multas de 31 meses. La cuantía total supera los 15.000 euros. El fiscal, sin embargo, no aprecia conducta delictiva en el agente.
Durante su declaración, Miguel F. B. reiteró que había sido agredido por el policía mientras que este reconoció únicamente que ambos cayeron al suelo, pero debido al forcejeo ya que el ciudadano no había querido identificarse cuando le pidieron que lo hiciera y posteriormente mostró un comportamiento «alterado». «Empleamos la fuerza mínimamente indispensable», aseguró.
Por su parte, la forense que hizo el informe sobre las lesiones de Miguel, aseguró que este nunca le refirió que hubiese sido golpeado. El juicio quedó visto para sentencia.