El fiscal jefe de Ourense ha denunciado al expresidente de la Diputación de Ourense por un delito continuado de prevaricación en la contratación de personal
04 ene 2013 . Actualizado a las 04:24 h.Aunque ha abandonado la primera línea, José Luis Baltar Pumar se enfrenta ahora al peor trago de su carrera política. Una querella del fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado Ayuso, lo acusa de un delito continuado de prevaricación por las contrataciones realizadas en los meses previos al congreso provincial que el PP celebró en enero del 2010. La investigación parte de una denuncia del PSOE, que en el verano de ese año entregó a la Fiscalía un escrito en el que se repasaban los 115 contratos realizados en el citado período. Aunque en febrero del 2011 ampliaron la documentación con los 76 procesos de selección que por aquel entonces tenía abiertos la institución provincial, la querella del fiscal se refiere tan solo a esos 115 contratados en semanas previas al cónclave popular.
Los socialistas argumentaban que esas incorporaciones estaban relacionadas con el congreso porque, al tratarse de personas relacionadas directa o familiarmente con el partido, José Luis Baltar trataría de ganar apoyos para la candidatura de su hijo, José Manuel, que finalmente acabó heredando la presidencia provincial del PP. Sin embargo, la querella del fiscal no se sustenta en ese argumento y ni siquiera entra a valorar los vínculos de los contratados con el partido. Sí hace referencia a que la Diputación utilizó reiteradamente un procedimiento manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico.
Primer aviso
Precisamente, una reciente sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense atendió la reclamación de un opositor y elevó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) una cuestión de ilegalidad contra la ordenanza que regula las contrataciones temporales de la Diputación. Esa es precisamente la modalidad utilizada para incorporar a la mayor parte de esas 115 personas.
El citado fallo judicial concluyó que la institución infringía los principios de «interdicción de la arbitrariedad, publicidad, seguridad jurídica, transparencia y objetividad». Entre otras cosas, el juez veía «esencial e inexcusable» que se establecieran criterios mínimos para evaluar a los aspirantes, algo que no ocurría. De hecho, la Diputación modificó esa ordenanza el pasado mes de septiembre sin esperar al pronunciamiento del TSXG.
A José Luis Baltar no le sorprendió la querella del fiscal. Estaba al tanto de sus investigaciones. Ayer, en declaraciones a La Voz, admitió que ya sabía que había solicitado documentación a la Diputación y que varios funcionarios de la institución y representantes sindicales habían sido llamados a declarar, pero lamentó que él no hubiese podido pasar también por la Fiscalía.
«Creo que algo tería que dicir sobre este tema. Eu tamén teño documentación que presentar para desvirtuar o obxecto da denuncia», dijo Baltar. El listado de compromisarios del congreso de enero del 2010 demostraría, según afirma, que ninguno de los 115 contratos bajo sospecha fue para los delegados que participaron en el cónclave: «Se houbera 800 compromisarios contratados, algo podían dicir pero non hai ningún. Polo tanto, entendo que non hai ningún tipo de problema, polo menos nese aspecto».
Su hijo, que heredó la presidencia provincial del PP y también la de la Diputación, no se pronunció ayer sobre la querella. José Manuel Baltar envió a su vicepresidente, Rosendo Fernández, a una recepción de un grupo folclórico y este excusó al máximo responsable de la institución diciendo que estaba atendiendo otros asuntos, sin precisar cuáles. Ante las preguntas de los medios de comunicación, Fernández manifestó su «total respecto» a la actuación de la Justicia, pero aseguró que «as cousas se fan ben e nunca houbo ningún problema xudicial e non haberá con respecto á política de persoal».
Sin embargo, a juicio del PSOE, la querella del fiscal, referida a las citadas 115 contrataciones, «é só a punta do iceberg do entramado de corrupción organizado pola familia Baltar en Ourense». Son palabras de María Quintas, secretaria de Organización de los socialistas ourensanos, que consideró al presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, «cómplice» de lo ocurrido. En la misma línea se pronunciaron el portavoz del PSOE en la Diputación, Ignacio Gómez, y el líder provincial del partido, Raúl Fernández.
Fue este último quien había presentado el escrito que ha dado origen a la querella del fiscal ourensano. Fernández se mostró satisfecho por ello, pero dijo que no por «animadversión» hacia Baltar sino porque «moitas familias tiveron que buscar traballo fóra da provincia ou incluso do país mentres que as familias do PP non tiñan ese problema». El PSOE anunciará hoy su intención de personarse en la causa.
Recorrido
Tras registrar el fiscal jefe su querella el pasado 28 de diciembre, fue ayer cuando la recibió el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense. Es de prever que su titular, Leonardo Álvarez, la acepte a trámite. Será a partir de entonces cuando José Luis Baltar puede ser llamado a declarar. Él es la única persona contra la que la Fiscalía ha formulado acusación, concretamente la de un delito continuado de prevaricación, es decir, por adoptar reiteradamente resoluciones arbitrarias a sabiendas de que eran injustas.
«Eu tamén teño documentación para desvirtuar a denuncia», dice Baltar