La política del «ti vai facendo», relativamente habitual hasta hace un tiempo a la hora de edificar viviendas sobre todo en zonas rurales, ya no funciona. La presión de las autoridades públicas sobre los ciudadanos que infringen las normas urbanísticas se ha multiplicado de un tiempo a esta parte y origina no solo sanciones administrativas que acarrean derribos, sino procedimientos penales que pueden ocasionar graves consecuencias a quienes desobedecieron las leyes, incluso el ingreso en prisión.
Prueba de ello es que el año pasado la Fiscalía de Ourense interpuso cinco querellas por delitos contra la ordenación del territorio, todas ellas relativas a la construcción de viviendas en suelos no edificables y, por lo tanto, sin licencia municipal ni autorización autonómica. A estas querellas en fase de investigación en los juzgados, se suman los expedientes por posibles delitos urbanísticos que se encuentran en tramitación o pendientes de juicio en los juzgados de la provincia.
Los informes remitidos por los técnicos de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (Aplu), constituyen la base sobre la que se trabaja en la fiscalía. A este departamento se envían los expedientes de reposición de la legalidad urbanística que sobrepasan «claramente» el ilícito administrativo y se enmarcan en el ilícito penal, a juicio de los técnicos. Es decir, se trata de los casos más graves de infracción a la norma.
Dos de las cinco querellas iniciadas el pasado año se incoaron ante el juzgado de instrucción de Ribadavia. Una de ellas afecta a una vivienda unifamiliar edificada en suelo rústico de protección de aguas. La segunda vivienda se ha levantado en suelo rústico de protección agropecuaria, obviando las licencias necesarias.
Las otras dos querellas se presentaron ante el juzgado de O Carballiño. En un caso se trata de una vivienda unifamiliar no vinculada a la explotación agrícola en suelo rústico de protección agropecuaria. En el otro, la casa está ubicada en suelo rústico de protección ordinaria y, como todas las anteriores, no dispone de licencia. La quinta querella la investiga en estos momentos un juzgado de la capital ourensana, por una casa que ha sido habilitada en suelo rústico de protección de aguas.
Aunque en la provincia de Ourense la vorágine urbanística no es comparable a la de otras provincias gallegas, las irregularidades urbanísticas son constantes. La memoria de la Fiscalía alerta de que se pisotean los derechos de los ciudadanos y, en muchos casos, los ayuntamientos «ocultan información urbanística». «Son numerosos los casos de prevaricación y delitos urbanísticos cometidos por particulares y responsables municipales», destaca el informe.
